Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
La explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, dejó seis muertos y entre siete y doce heridos, pero la cifra real podría ser mayor, con el alcalde local sugiriendo «más de 25 o 30» lesionados.
La Fiscal Ernestina Godoy abrió una carpeta de investigación por «delincuencia organizada». Sin embargo, documentos iniciales revelan que la propia FGR catalogó el hecho primero como «terrorismo», para después retractarse y suavizar la designación. Este cambio es el centro del problema.
El académico Edgardo Buscaglia argumentó en ‘Aristegui en vivo’ que el acto debe ser investigado como terrorismo, de acuerdo con los tratados de Naciones Unidas que México ha ratificado. La definición es clara: el uso de un coche bomba en un espacio público para coaccionar al Estado es un acto de terrorismo, sin importar si la motivación es política, religiosa o «político-económica», como la de los cárteles que buscan someter al Estado. Descartar esta tipificación, en sus palabras, es un «disparate».
Al evitar el término, el Estado deja de usar herramientas cruciales. Como señala Buscaglia, mientras países europeos como Francia y Alemania «constantemente tipifican actos de terrorismo ante actos similares» para proteger a sus ciudadanos, las autoridades mexicanas lo han evitado por décadas «por miedo o por corrupción», una decisión que le ha costado «miles de vidas a México». Esta renuencia evita reforzar la narrativa de Donald Trump sobre el tema.
El ataque, parte de un enfrentamiento entre cárteles criminales, tuvo, de acuerdo al análisis del especialista en temas de seguridad David Saucedo, el fin de implementar una campaña de terror contra la población civil para ganar control territorial.
El uso de coches bomba, minas terrestres y drones con explosivos busca generar un pánico tan intenso que fuerce el desplazamiento masivo. Al vaciar el territorio, las células rivales quedan «desprotegidas» y «sin el apoyo logístico y social que le brinda la comunidad».
Saucedo añade un contexto histórico poderoso, comparando esta táctica con las utilizadas en las guerras civiles de Centroamérica: «El Salvador, Guatemala en la década de finales de los 70s» o en la lucha de los «sandinistas contra el dictador Anastasia Somosa».
En medio de la tragedia, la reacción del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fue una clase magistral de cinismo político. Su declaración: «Dentro de todo el impacto de este tema complejo, muy delicado, hay un dato que creo que es relevante, que no hubo víctimas civiles que lamentar».
Esta afirmación se produjo sabiendo que entre los seis fallecidos había tres comuneros de la localidad y tres personas más que presumiblemente eran policías comunitarios. Ciudadanos comunes, pues.
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