Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atraviesa una crisis de legitimidad que la sitúa en el terreno de la incongruencia institucional.
La contradicción entre el discurso de austeridad republicana, que impulsó su llegada, y la realidad administrativa de sus primeros meses de gestión revela una desconexión profunda con el mandato popular que invocan, con cinismo, a cada momento.
El escándalo abarca un catálogo de gastos suntuosos, como la adquisición de nueve camionetas blindadas por un total de 25.6 millones de pesos o el desembolso de casi 300 mil pesos para togas personalizadas de 24 mil pesos cada una.
Ahora, el problema medular radica en cómo estos actos erosionan la confianza en la imparcialidad del tribunal. La decisión de recular y poner los vehículos a disposición del Órgano de Administración Judicial, tras las críticas de la presidencia y la opinión pública, ha sido calificada incluso por aliados políticos como una comedia de errores y una torpeza inconmensurable, dado que el daño patrimonial por la devaluación inmediata de los activos ya es irreversible.
El análisis de los gastos revela un patrón de derroche descarado que contradice los principios de transparencia y ética judicial.
Mientras se destinaban 1.25 millones de pesos para una ceremonia de purificación en el Zócalo (que incluyó lujos como baños portátiles tipo VIP y servicios de catering) , el Órgano de Administración Judicial evitaba transparentar los contratos y proveedores de las camionetas.
A esto se suma la percepción de privilegio que proyectan integrantes como la ministra Loretta Ortiz al ser captada viajando en clase ejecutiva hacia Costa Rica, lo que refuerza la idea de que la austeridad sigue tratada como un recurso retórico para darle al pueblo tonto ‘atole con el dedo’.
Lo alarmante para el sistema judicial va más allá del uso de togas caras o vuelos privados. Estos excesos proyectan dudas sobre la toma de decisiones jurídicas.
Hay ya una incertidumbre razonable sobre si los criterios de honradez y estricto apego a derecho prevalecerán al resolver los expedientes de alta relevancia nacional.
La traición al compromiso de sobriedad administrativa se convierte ahora en un síntoma de una posible traición a la independencia judicial, dejando a la sociedad ante una Corte que parece haber asimilado, y en algunos casos superado, los vicios de sus antecesores.
Por mucho que ese ministro, dizque indígena, haya hecho su show de ponerse un tejido autóctono para dejarse querer por el pueblo, la realidad es que la Corte cambió para seguir igual… o incluso peor.
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