CARTA ABIERTA
Así es como califica Layda Negrete, investigadora en justicia penal y articulista de El Universal, al exfiscal de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, a propósito de la atracción que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho sobre el documental “Duda Razonable”.
En una columna publicada el 22 de febrero da cuenta de la percepción que el presidente de la SCJN, Agustín Zaldívar, y ella misma, tienen de los exfuncionarios de la Fiscalía en el Gobierno de Arturo Núñez. He aquí la parte medular de ese escrito que tanta polémica ha generado en los ámbitos de la impartición de justicia del país:
“En un comunicado con fecha de 15 de febrero del 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que atraería el caso que dio origen al documental “Duda Razonable”. El propio comunicado detalló que la decisión respondió a la propuesta del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar quien, en días posteriores, en conferencia de prensa, explicó sus motivaciones a los medios presentes. Usó frases que conmovieron tanto a las familias que viven el drama retratado en el documental como a los realizadores que ayudamos a contar su historia.
‘Si no resolvemos los asuntos que realmente le hacen daño a la gente y la lastiman, si no hacemos un esfuerzo para tratar de revertir una sentencia penal injusta, mañosa, en donde sobre todo se castiga a los que menos tienen…Si un tribunal constitucional no está para defender los derechos humanos de la gente, de la gente más desprotegida cuando los torturan, cuando les fabrican delitos, cuando les dan penas de 50 años de prisión, entonces no sé para qué estamos aquí’.
Con estas frases que rescató y publicó Diana Lastiri, periodista de EL UNIVERSAL, el ministro Zaldívar construyó un puente entre el caso y lo que debería ser la misión central de una corte suprema en cualquier país.
La decisión de la Corte es una buena noticia. Por un lado permitirá iluminar las particularidades de un caso en donde los altos funcionarios de una fiscalía local usaron su poder para torcer los derechos de acusados y víctimas, un caso en el que simularon investigar delitos ya investigados a nivel federal o fabricaron delitos inexistentes. Concretamente, la resolución de la Corte podría llegar a devolver la libertad a Héctor, Gonzalo y Juan Luis, víctimas de fiscales sin escrúpulos.
El abogado Iker Ibarreche resume las dimensiones particulares y generales de esta decisión: La importancia de la intervención de la Corte no puede soslayarse en un caso en donde tres personas se juegan la vida, porque con una sentencia de 50 años por secuestro, sin beneficios de preliberación, las posibilidades de salir con vida de la cárcel son escasas. En términos de la jurisprudencia sobre los principios básicos del sistema acusatorio, la Corte tendrá la oportunidad de corregir el rumbo sobre prácticas como la sustitución de jueces en medio de la audiencia del juicio oral o la interrupción injustificada de la propia audiencia cuando su continuación sucede meses después.
Estas prácticas, argumenta Ibarreche, violan los principios constitucionales de concentración, continuidad e inmediación de nuestro proceso penal. Además, también podrán valorar la imparcialidad de la actuación de los jueces de apelación cuando subsanan, corrigen y amplían los alegatos del Ministerio Público. En suma, la atracción y el escrutinio de la Corte podría reparar la injusticia del caso concreto y, al mismo tiempo, permitirá revisar vicios sistemáticos en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, estudiando violaciones que son comunes a muchos otros casos”.
Hasta aquí la parte medular de esta columna (https://www.eluniversal.com.mx/opinion/layda-negrete/duda-razonable-rumbo-la-suprema-corte), que permite observar hasta qué niveles ha llegado este caso registrado en Macuspana, Tabasco, y que está a punto de hacer caer a los responsables del sistema de impartición de justicia en el pasado Gobierno perredista.
: REFORMA EN OBRAS PÚBLICAS
El diputado local del PRI, Fabián Granier Calles, presentó recién una iniciativa para hacer obligatorio el pago de anticipo a empresas constructoras de Tabasco, Lo que se busca es ampliar las oportunidades de contratación para que más micro, pequeños y medianos empresarios tabasqueños participen en la generación de empleos a través de la creación de la infraestructura pública.
En las licitaciones, asignaciones directas y contratos, sería obligatorio el pago de anticipo a las micro, pequeñas y medianas empresas tabasqueñas, con motivo de la construcción de una obra, el suministro de insumos o la prestación de servicios a cualquier órgano o entidad de la administración pública estatal y de los 17 ayuntamientos.
Fabián busca equilibrar la derrama económica de la obra pública en Tabasco sin que ello implique afectar a las grandes empresas constructoras. Y es que en este momento la falta de certeza jurídica para contar con un anticipo afecta la liquidez de las Pymes constructoras, lo que limita el alcance de la derrama económica que promueven los gobiernos federal y estatal.