Poder Político
La Iniciativa de Reforma Electoral que el Gobierno de la Cuarta Transformación presentó en sociedad ningún sentido tiene con el espíritu democrático que se halla inscrito el artículo 40 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, además federado de sus 32 entidades locales soberanas, en lo que compete al régimen interior.
Una iniciativa inoportuna e improcedente en la coyuntura de la próxima elección del 2 de junio de 2024 para renovar los cargo de la Presidencia de México, Senadurías y Diputaciones Federales; en concurrencia con las 32 votaciones locales para alcaldías y/o legislaturas, así como 9 gubernaturas, incluidas Yucatán, Tabasco, Chiapas y Veracruz en el sur sureste.
Extinguir al INE y los Órganos Públicos Locales implica un peligro porque un único órgano como e Instituto Nacional de Elecciones y Consultas no tendrá la estructura actual que asegure elecciones genuinamente democráticas. Sería un certero peligro proclive a la anarquía.
Lejos de evolucionar y afianzar el Sistema Nacional de Elecciones autónomo que tiene su punto de inflexión en la Reforma de 1977 se plantea un retroceso, erosionando la pluralidad de las expresiones ideológicas en el acceso al poder.
El proceso de democratización que impulsó Jesús Reyes Heroles, entonces Secretario de Gobernación, y también el máximo ideólogo mexicano que aun acuñado en el período presidencial absolutista del Partido Revolucionario Institucional, tuvo la sensibilidad hace 45 años de forjar el entramado que dio paso a la pluralidad de los partidos políticos y a la representación del colectivo social así como de los estados en el Poder Legislativo, en la investidura de las diputaciones federales y senadurías.
Carecen de lógica política que quienes desde la oposición contribuyeron en la puja por lograr en 1990 la institucionalización de un Árbitro Electoral que desde 1996 tiene el carácter Autónomo, ahora en el ejercicio del Gobierno de la República lo pretendan desaparecer con el pretexto de ser corrupto y caro que no cumple con la función pública que le tiene encomendada.
En el Sistema Nacional de Elecciones actual constituye el cuarto actor en la División de Poderes, del cual emanan el Ejecutivo y Legislativo, incluyendo a quienes promovieron el registro de Morena como partido político, por el que accedieron al cargo de Presidente de México y a una coaligada una mayoría calificada en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y la mayoría absoluta en la LXV Legislatura, ambas con el sello de la Cuarta Transformación.
Nada más antidemocrático como la Iniciativa de Reforma Política enviada por el Gobierno de la República al Congreso Legislativo, que en esencia es espejo de la que en marzo de 2019 presentó el diputado Sergio Gutiérrez, actual presidente de la Mesa Directiva en la LXV Legislatura, relanzada en 2021 por el senador Ricardo Monreal Ávila. Sin embargo, esta versión es aún más agresiva.
Sería un contrasentido que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial propongan a 60 candidatos a consejeros electorales para ser electos por voluntad popular, cuando en el Artículo 41 de la Constitución se integra un Comité Técnico que emite por Convocatoria Pública el Proceso de Selección y Designación de los perfiles idóneos conocedores del tema electoral en quintetas se presentan a la Cámara de Diputados que con el voto de las dos terceras partes de sus congresistas ha elegido a quienes como hoy integran el Consejo General del INE.
Un INE que en los mismos términos de una Convocatoria Pública selecciona y designa a quienes desde 2014 integran a los 32 Órganos Públicos Locales que son reglamentados, con autoridad para removerlos como ocurrió en Chiapas para 2016 por faltar a la democracia.
El Sistema Nacional de Elecciones también reglamenta a los partidos políticos, asignándole por mandato constitucional financiamiento público del que deben reportar sus informes y los fiscaliza, sancionando anomalías, además de cancelar por este motivo el registro de candidaturas como las de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán, ambos para gobernador.
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