Poder Político
En la eventualidad del estudio y análisis de la Reforma Electoral promovida por el Gobierno de la República, la exigencia a Congresistas de la Unión, Senadores y Diputados, debe centrarse en forjar un entramado democrático emergido del consenso entre la clase cogobernante, y externos versados quienes igual tienen mucho por aportar, en congruencia con el interés común.
Teniendo en cuenta que la clase cogobernante está mandatada por la voluntad popular, mediante el ejercicio de las elecciones constitucionales, debe haber una receptiva deliberación entre las partes guiadas por la sensatez para establecer una estructurada Reforma Electoral de largo aliento.
Por supuesto que la Constitución y las Leyes son perfectibles, nada puede considerarse como definitivo cuando las sociedades democráticas en el mundo experimentan desafíos cada vez más complejos. Bajo este paraguas la Iniciativa de Reforma Electoral del Régimen de Gobierno de la Cuarta Transformación trae también sus claroscuros, positivos y negativos.
Aunque tampoco puede admitirse borrar de un plumazo todo lo que hay en el precepto legal vigente, acostumbrado en este país a desechar para pretender aparentar iniciar de nuevo cuando el hilo negro descubierto es el mismo; el común denominador en todos los tiempos y circunstancias.
En la apertura al debate de las ideas habrá que reconocerse que el planteamiento institucional no es todo bueno ni todo malo, cuando se puede lograr lo idóneo para México, en la inteligencia asociada a quienes desde la investigación y la academia se han ocupado al estudio del Derecho Electoral y de los Sistemas Democráticos en el mundo.
El bochorno de la Revocación de Mandato recientemente celebrada el 10 de abril, desde su génesis representa una herencia ancestral del PRI de 71 años, que se debe desterrar, ante la evidencia de que el «Movimiento»en el ámbito partidista y gubernamental transgredieron la Ley Reglamentaria, impulsada en el Congreso en septiembre de 2021.
Por supuesto que la integración de las Legislaturas debe corresponder a los 300 integrantes por el criterio poblacional, todos elegidos por criterio poblacional, aunque por listados regionales, procurando que en la proporcionalidad de la votación esas listas que registren los partidos con cuadros originarios de cada entidad, incorporando también a los que emerjan del colectivo social.
Sería un error pretender elegir por voto ciudadano la integración del Sistema Electoral, el Consejo General del órgano Administrativo y a los Magistrados por lo que compete al Órgano Jurisdiccional, exigiendo perfiles eminentemente técnicos conocedores con vocación democrática, autónomos en sus decisiones. Por naturaleza tienen que poseer calidad moral, apartidista.
No es lo mismo a alguien asemejado a Santiago Nieto Castillo, un animal electoral, que un John Ackerman quien con inocultable injerencia partidista, proclive sus artículos periodísticos a esa ideología, sin permitirse margen alguno a la autocrítica, falto de argumentos en sus planteamientos de opinión personalizada.
El Sistema Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral como activo fundamental debe mantenerse, así como el Registro Federal de Electores, a cargo de mantener actualizado el Padrón y el Listado Nominal de Electores, este último empleado para garantizar que efectivamente se ejerza el derecho político al voto.
En los mismos términos debe continuar vigente la facultad de fiscalizar el financiamiento de partidos, sus actividades ordinarias como electorales, de modo que se sancione con el rigor a quien viole la reglamentación.
Sin embargo, resulta u disparate pretender cambiar la nomenclatura Instituto Nacional Electoral y de Consultas, cuando el Instituto Nacional Electoral tiene a cargo todas las modalidades de participación ciudadana, incluyendo las elecciones de Autoridades Públicas de Gobierno.
Bitácora
La calidad de la Democracia pasar por partidos políticos competitivos, con esencia ciudadana. No corporativista como Fuerza por México, ni Encuentro Social y Solidario con injerencia religiosa. Ambos violaron en 2021 la Constitución.
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