CARTA ABIERTA
De acuerdo a lo publicado por la prensa nacional, el proyecto de resolución sobre el caso ‘Duda razonable’ será votado la próxima semana en el pleno de ministros de la Suprema Corte. Esto pondrá a Tabasco nuevamente en el centro de la atención nacional, por los abusos cometidos en el sistema judicial del pasado gobierno perredista de Arturo Núñez Jiménez.
Por lo pronto, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso a la SCJN otorgar un amparo para ordenar la libertad de los tres sentenciados por secuestro en Tabasco, cuyo caso fue mostrado en el documental “Duda razonable”, de la plataforma Netflix. La propuesta se funda en que nunca hubo pruebas fundadas para condenar a Héctor Muñoz, Juan Luis López y Gonzalo García a 50 años de cárcel.
El caso fue atraído por la Corte en febrero pasado, luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunciara que apoyarían la investigación en contra de ex funcionarios de la Fiscalía Estatal de Justicia de Tabasco que se habrían coludido, entre 2012 y 2018, para encarcelar a los sentenciados, mediante acusaciones falsas.
El detalle: a pesar de esa declaración tan contundente, no se ha llamado a cuentas a ninguno de los exfuncionarios de la Fiscalía General de Tabasco, empezando por su titular Fernando Valenzuela Pernas.
Tampoco se ha enjuiciado al entonces gobernador Arturo Núñez Jiménez, quien tenía una estrecha comunicación con Valenzuela Pernas. La simbiosis de ambos, tan evidente, sirvió para fabricar delitos y llevar a prisión al exgobernador priista Andrés Granier Melo y a varios de sus miembros de su gabinete, dos de los cuales murieron tras las rejas. También fue acusado su hijo Fabián Granier.
El Químico fue liberado al comienzo del gobierno de la 4T en Tabasco, encabezado por Adán, tras pasar casi seis años en la cárcel. De acuerdo al juez, nunca existieron pruebas que sustentaran las imputaciones. Al final se entendió que Granier y sus allegados habían sido víctimas de una cacería de brujas, una persecución política.
Y es el diputado Fabián quien ha hablado respecto al inminente resolutivo de la Suprema Corte sobre el caso ‘Duda razonable’. Entrevistado por los medios, ha exigido enjuiciar al exgobernador Núñez y al exfiscal Valenzuela Pernas, a quienes señaló de tener impunidad. Ha dicho que este caso muestra la manera en que se aplicó la ley en el pasado sexenio perredista, inventando delitos para llevar a inocentes a prisión. Señaló que él mismo y su padre fueron víctimas de esta manipulación de la justicia al fabricárseles delitos por una razón política.
En su proyecto sobre ‘Duda razonable’, el magistrado de la SCJN, Gutiérrez Ortiz Mena, sostiene que el juez que dictó las sentencias en Tabasco contra los acusados “realmente nunca tuvo frente así evidencia aportada por la fiscalía que corroborara de manera robusta y suficiente el hecho delictivo materia de juicio”.
Gutiérrez Ortiz Mena señala que no hay ni siquiera elementos suficientes como para que la SCJN reponga el juicio: “Dar a la fiscalía una nueva —y no merecida— oportunidad para enmendar su actuación investigadora. La violación al derecho de los quejosos a ser juzgados mediante un juicio respetuoso del principio de presunción de inocencia es de tal magnitud que un nuevo juicio no haría más revictimizarlos bajo una premisa nuevamente contraria a dicha exigencia constitucional y que recordaría a las pretensiones de un sistema inquisitivo ya superado: castigar a como dé lugar. El Ministerio Público local ya ha tenido oportunidad para probar su acción en juicio y la ha perdido.”
Por ello, ha propuesto otorgar el amparo liso y llano a los dos sentenciados, quienes recuperarán la libertad en cuando la SCJN otorgue su votación favorable.
Así es como Tabasco ha sido puesto de nuevo bajo la mirada de la opinión pública nacional. La manipulación del sistema de justicia en el pasado gobierno lleva a la indignación ciudadana: con un Fernando Valenzuela usando a la Fiscalía como una Santa Inquisición, y con un gobernador Núñez actuando como Torquemada.