CARTA ABIERTA
El gobernador Carlos Manuel Merino ha marcado la ruta a seguir en torno a las denuncias del exmandatario priista Andrés Granier, por la fabricación de delitos en su contra durante el sexenio perredista de Arturo Núñez, y que lo tuvieron seis años encarcelado.
En el entendido de que el Químico ha exculpado al Gobierno morenista de Tabasco de cualquier responsabilidad en el asunto, el Capitán le ha recomendado también denunciar ante la Fiscalía General del Estado, FGE, las amenazas recibidas para que el tema, dijo, no se quede sólo en lo mediático.
La postura del jefe del Ejecutivo está, en sentido estricto, apegada a la ley; sabiendo que mientras no haya una querella no podrán deslindarse responsabilidades sobre los señalados por el priista.
El exhorto ha sido tomado de buena gana por el hijo del Químico, el legislador local Fabián Granier. En entrevista colectiva dijo que irá a la Fiscalía a denunciar la sospechosa instalación de una cámara frente a su domicilio, así como las amenazas recibidas en su teléfono celular. Al respecto, Merino ha deslindado a su Gobierno de cualquier responsabilidad en ambos episodios, insistiendo en pedir a los afectados realizar las querellas correspondientes.
El caso ha sido revivido por el Químico en Telerreportaje, luego de que la Suprema Corte liberase a tres hombres falsamente acusados de plagio en la gestión de Arturo Núñez, en lo que se conoce como ‘Duda razonable’.
Andrés Granier ha alzado de nuevo la voz: asegura que la fabricación de delitos fue una práctica constante en el anterior sexenio por parte de la triada completada por el entonces fiscal, Fernando Valenzuela, y por el titular del Poder Judicial, Jorge Priego Solís.
Lo cierto es que esas declaraciones del lunes han generado una fuerte sacudida en el ámbito estatal. Así, mientras el diputado morenista Emilio Contreras asegura que no se creará una comisión especial en el Congreso para investigar al exfiscal, el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego, ha pedido a Andrés Granier presentar pruebas de que la actual magistrada de este Poder, Guadalupe Cadena, fue cómplice en la fabricación de delitos en su contra.
Aunque muy tarde, igual se ha hecho presente el senador perredista Juan Manuel Fócil. Luego de que el dirigente estatal de este partido, Javier Cabrera, diera su apoyo a Fernando Valenzuela al catalogarlo como un “buen fiscal”, el dueño de este partido en Tabasco aseguró que Andrés Granier Melo está en su derecho de proceder contra el exgobernador Núñez y compañía.
Quien también habló fue la legisladora priista Soraya Pérez Munguía. Como cabría esperar, dio todo su respaldo al Químico y lamentó que fuera a prisión de una forma injusta, por la invención de cargos que la autoridad probaría años después como falsos.
Otro frente se ha abierto en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En las últimas horas ha crecido la presión pública para que el rector Guillermo Narváez Osorio destituya a Fernando Valenzuela como catedrático de la materia de Derecho.
Por ejemplo, en una entrevista dada al portal electrónico Reporte Índigo, dirigido por Juan José Graham, hijo de otro de los perseguidos por la administración nuñista, Luis Felipe Graham, el director del documental de Netflix, Roberto Hernández, calificó de lamentable que el exfiscal esté formando a nuevas generaciones de abogados, cuando en realidad debería ser investigado por torturas.
Por ahora, el Químico analiza, como él mismo lo dijo, ir a los tribunales para lograr justicia ante un evidente abuso de la ley por parte de un exgobernador que secuestró las instituciones para usarlas como instrumentos de venganzas personales.
En este marco general es que el gobernador morenista Carlos Merino ha marcado la ruta a seguir, poniendo a las instituciones de justicia como parte medular en la solución de las controversias judiciales. Sabiendo que su Gobierno no tuvo implicación en los casos de ‘Duda razonable’ y la persecución política contra Andrés Granier, el Capitán se muestra dispuesto a que las autoridades resuelvan lo que a derecho corresponda. Es la postura correcta de un jefe de Estado.