CARTA ABIERTA
Adán Augusto sigue siendo el brazo derecho de López Obrador en los temas de su agenda nacional. Tal como lo hizo en la previa a la votación de la Ley de la Industria Eléctrica, las reformas a la Guardia Nacional, las leyes secundarias en materia electoral y la prisión preventiva oficiosa, ahora ha comenzado un cabildeo en la Suprema Corte a fin de evitar la caída del ‘Plan B’, un asunto de extrema relevancia para el presidente.
La presencia del secretario de Gobernación en la sede de la Suprema Corte causó sorpresa en varios frentes. No sólo por ser la tercera vez que lo visita desde que asumió el cargo, sino por el arrojo de acudir a un Poder que ha sido blanco de fuertes señalamientos por parte de AMLO.
Es, quizá, el reto político más difícil al que se ha enfrentado el aspirante presidencial. Sobre todo, teniendo en cuenta los pronósticos que avizoran el rechazo de los ministros por considerarlo anticonstitucional. Como todo mundo sabe, la oposición ha acusado a Morena, y en particular a Obrador, de destazar al INE a fin de controlar el proceso electoral de 2024 y retener así la Palacio Nacional. Por su parte, el macuspanense insiste en que se busca “fortalecer la democracia” y ahorrar, al menos, tres mil millones de pesos anuales al acabar con los privilegios en el Instituto Electoral.
En pleno proceso de análisis de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentadas contra la reforma electoral por diversos actores políticos del país, es que Adán ha acudido para reunirse con el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la Primera Sala del Alto Tribunal, y Arturo Saldívar, expresidente del Poder Judicial.
La prensa de la Ciudad de México reportó que mientras el titular de la Segob estaba reunido en la oficina del ministro Pardo Rebolledo, en las escalinatas de la puerta principal de la Corte un grupo de diputados federales del partido Movimiento Ciudadano presentaba un Amicus Curiae (Amigos de la Corte) contra el plan B del presidente Obrador.
La tarea del gobernador con licencia de Tabasco parece titánica, a juzgar por el gran número de impugnaciones contra la reforma electoral analizada por la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, quien determinará si la reforma es inconstitucional.
Lo curioso de esta visita es que fuentes de la Suprema Corte afirmaron que el secretario de Gobernación acudió para atender “asuntos no oficiales”, como los de las ternas que la SCJN integró hace unos meses para las vacantes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de otros asuntos relacionados con las materias penal y civil. Y según el diario La Jornada, afín a la 4T, “durante la reunión no se abordó el tema de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en contra del plan B de reforma electoral”.
Por cierto, presidenta de la SCJN, Norma Piña, no acudió al encuentro. Pero no fue por algún conflicto, sino porque como todos los miércoles cuando no hay sesión del plano, acude al Consejo de la Judicatura Federal, organismo que también encabeza.
Lo cierto es que la presentación de impugnaciones, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, presentadas por partidos políticos, gobiernos municipales, estatales y organizaciones sociales, pintan el panorama de una intensa batalla de cabildeo en la Corte por parte de quienes apoyan y rechazan esos cambios.
Por lo pronto, Adán realiza la labor asignada por el presidente en un tema donde está de por medio el futuro de la democracia en este país. Y no es exageración describirlo así. El tiempo dirá si el huésped de Bucareli tuvo éxito en ese reto mayúsculo de mantener vigente el ‘Plan B’ de López Obrador. El 1 de junio es la llamada ‘fecha fatal’.