CARTA ABIERTA
Como se esperaba, López Obrador ha protestado por la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, de frenar indefinidamente la aplicación del Plan B electoral. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal anunció en un comunicado que impugnará la decisión de admitir la controversia constitucional del INE. Pero todo hace suponer que el Supremo no dará marcha atrás en su decisión.
Como se sabe, el ministro del Alto Tribunal admitió a trámite una controversia constitucional interpuesta por el INE, estimando que la aplicación de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión podría violar los derechos políticos-electorales de la ciudadanía. Por eso concedió la suspensión solicitada por el organismo.
En respuesta, López Obrador, por medio de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, acusó que el ministro desconoce las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales. Y le reclama que haya admitido a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite. Menos aún, reclama que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas. La Presidencia asegura que esto sólo puede determinarse mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros.
Para el Ejecutivo, se trata de un régimen de excepción que modifica los precedentes jurisprudenciales en la materia y anula por completo la presunción de validez constitucional que toda norma general posee, ya que “la ley constituye la expresión de la voluntad popular a través de sus representantes electos democráticamente”.
En términos llanos, todo esto significa que la guerra entre el presidente López Obrador y la Corte se ha recrudecido. Ahora, el jefe del Ejecutivo hará hasta lo imposible para que el pleno del Supremo valide el Plan B cuando sea sometido a revisión.
El problema para la 4T es que esa decisión debe tomarse antes del 1 de junio. De lo contrario, la ley electoral anterior se aplicará en las elecciones de Coahuila y Estado de México, así como en las presidenciales de 2024. Como todo mundo sabe, esa suspensión provisional otorgada por el ministro Javier Laynez Potisek da un tiempo indefinido para ser revisada con minuciosidad. Y esto podría tomar muchos meses, quizá demasiados para los intereses del presidente Obrador y de Morena.
Los expertos en la materia aseguran que aun cuando el Plan B se someta a votación del Pleno del Supremo antes del 1 de junio, la decisión de ocho de los once ministros será a favor de desecharlo. Esa es la sensación que priva en la Corte.
Pero como se dijo en una columna anterior, no todo está perdido para el tabasqueño. Ahí está el Plan C. En la designación de los cuatro nuevos consejeros del INE.
: LA RÚBRICA
Dagoberto Lara, el dirigente del PRI, tuiteó que el freno de la Corte al Plan B es “un gran revés a la política totalitaria de Morena”. Dijo que esa decisión es a favor de INE y deja fuera el “oscuro” Plan B… Parece que los locatarios inconformes del mercado de Ocuiltzapotlán han optado por las manifestaciones de violencia y odio, según lo visto el pasado viernes, cuando quemaron una piñata con la figura de la alcaldesa Yolanda Osuna. La acción fue muy criticada en redes sociales, porque se dio a pocos días de un evento similar en la concentración del 18 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando un pequeño grupo de radicalistas prendió fuego a una figura de cartón que representaba a la presidenta de la SCJN, Norma Piña. Ciertamente, preocupa que ese reducido grupo de locatarios del mercado público insista en la confrontación con el Municipio, cuando se sabe que Osuna ha insistido en el diálogo para llegar a un acuerdo de beneficio para las partes involucradas…La revista especializada Petróleo y Energía posicionó al diputado federal Manuel Rodríguez González dentro de la lista de los líderes más influyentes del sector energía en México, la cual es definida a partir del nivel de relevancia de los personajes tanto en el ámbito público como en la esfera privada. El listado coloca al presidente de la Comisión de Energía de San Lázaro junto al director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza.