CARTA ABIERTA
La disputa entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la jueza Nancy Juárez Sala, en torno a la reforma judicial en México, pone de relieve tensiones constitucionales que podrían tener repercusiones sin precedente en el futuro del Estado de derecho.
En el centro de este conflicto se encuentra el cumplimiento de las disposiciones legales y los límites de la autoridad en un sistema democrático.
La presidenta Sheinbaum ha argumentado que los procedimientos seguidos para la reforma judicial fueron acordes a la Constitución.
Sin embargo, la jueza Juárez ha dictado una resolución que ordena la eliminación del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación, sustentando su decisión en la interpretación de la Ley de Amparo y el marco constitucional.
Juárez reafirma la autoridad del Poder Judicial para revisar acciones del Ejecutivo y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La situación es aún más delicada al considerar que, según el artículo 103 y 107 de la Constitución, el Poder Judicial tiene la facultad de resolver los juicios de amparo interpuestos contra cualquier autoridad.
La jueza, sin embargo, ha dicho que no se prevé un escenario inmediato de arresto o sanciones severas contra la presidenta.
El magistrado Juan José Olvera ha señalado la necesidad de un análisis profundo y la consulta de asesores jurídicos por parte de Sheinbaum, sugiriendo que la interpretación de la Ley de Amparo no es tan tajante como se ha planteado. Este llamado resalta la importancia de un debate jurídico bien fundamentado, que debe ir más allá de la confrontación política y buscar la protección de los derechos de los ciudadanos.
La insistencia de ambos lados en mantener sus posturas, sin buscar una resolución colaborativa, podría llevar a una erosión del principio de SEPARACIÓN DE PODERES, fundamental en cualquier democracia.
La resolución de este conflicto sentará las bases para el futuro funcionamiento de las instituciones en México.
: LA RÚBRICA
La intervención del diputado local morenista Ariel Cetina en el Congreso de Tabasco, en 2018, fue desde entonces un llamado de atención sobre lo que se venía. Con valentía y claridad, denunció la grave situación del ISSET y del sistema de salud, apuntando directamente al exgobernador ARTURO NÚÑEZ. Expuso una preocupante realidad, reflejo de una creciente insatisfacción social con la corrupción y la falta de acción gubernamental. En este contexto, la propuesta de crear ahora una Comisión de la Verdad es un paso para abordar los problemas estructurales que enfrenta el ISSET. El gobernador morenista Javier May ha demostrado voluntad para enfrentar esta crisis, pero necesita aliados con credibilidad, como Cetina, que han sido claros en sus denuncias y propuestas. La participación de Cetina en esta comisión aportaría su experiencia y conocimiento, enviando un mensaje contundente: el bienestar de los ciudadanos está por encima de intereses personales o políticos.