Villahermosa, Tabasco. – El Presidente del PRI Tabasco, Miguel Barrueta Cambrano, fijó una postura en defensa de los órganos autónomos, calificándolos como esenciales para garantizar un equilibrio democrático y evitar que el gobierno sea juez y parte. «La desaparición de estos organismos, promovida por el oficialismo bajo el pretexto de simplificación administrativa, no es un avance; es un retroceso que abre la puerta a la opacidad, a la corrupción y al abuso de poder».
En congruencia con la postura de la dirigencia nacional del PRI, Barrueta Cambrano manifestó su rotundo rechazo a la reforma constitucional impulsada por Morena, que busca desmantelar instituciones clave como el INAI, la Cofece y el Coneval. «Este ataque directo a la transparencia y la independencia es parte de una estrategia del partido oficialista para centralizar el poder, evadir la rendición de cuentas para ocultar la corrupción», afirmó.
“La desaparición de organismos como el INAI representa un intento de borrar los mecanismos de fiscalización que exigen claridad en el manejo de los recursos públicos. Casos emblemáticos de corrupción, como el desfalco de 15 mil millones de pesos en Segalmex, son la prueba irrefutable de por qué estos organismos son indispensables», enfatizó.
Miguel Barrueta reiteró que el PRI seguirá defendiendo los intereses de México, luchando por preservar los contrapesos que impiden el autoritarismo. «No permitiremos que la opacidad y la indiferencia se conviertan en la norma. Los órganos autónomos no son un lujo, son una necesidad para proteger al país del abuso y la corrupción», expresó en presencia del Secretario de Organización, Marco Antonio Leyva; la Secretaria de Jurídico y Transparencia, María Jesús Vidal; la Secretaria de Operación Política, Ana Luisa Crivelli; la Secretaria de Gestión Social, Gregoria Jiménez González; el Secretario de Contraloría, Ernesto Jiménez Narváez y el Secretario de Administración y Finanzas, Martín Rivera Virgilio, entre otros liderazgos.
Advirtió sobre las graves consecuencias de esta medida, que elimina instituciones fundamentales para sectores estratégicos como la educación, la energía y las telecomunicaciones. «La reforma aprobada no solo debilita a estas áreas, sino que también socava la confianza ciudadana en las instituciones, un daño irreparable para la democracia mexicana», indicó.