CARTA ABIERTA
La iniciativa de reforma al Poder Judicial local ha sido presentada por Javier May Rodríguez ante el Congreso del estado, con el objetivo de cumplir con el mandato constitucional de armonizar la legislación estatal con las reformas federales al sistema judicial. ¿Qué esperar de esto?
Además de introducir una serie de cambios estructurales, esta reforma permitirá que los tabasqueños elijan, en julio de 2025, a jueces, magistrados y a los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Un golpe de timón en la evolución del sistema judicial.
El proyecto de reforma, entregado por el consejero jurídico del Gobierno estatal, Jesús Manuel Argaez de los Santos, a los diputados Jorge Bracamonte y Marcos Rosendo Medina Filigrana, se basa en la reforma judicial federal y plantea modificaciones en varios artículos de la Constitución local.
Entre las principales novedades se encuentran la creación de dos nuevos entes: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración del Poder Judicial.
Estos órganos reemplazarán al actual Consejo de la Judicatura a fin de mejorar la gestión y el control interno del poder judicial, además de reforzar la vigilancia sobre la conducta de jueces y magistrados.
Sin embargo, no todos los sectores de la sociedad comparten el entusiasmo por esta reforma.
El PRI ha sido uno de los principales críticos del proyecto. El dirigente estatal del partido, Miguel Barrueta, ha señalado que la reforma conlleva el riesgo de politización y una mayor subordinación del poder judicial al gobierno en turno.
A su juicio, la reforma podría debilitar la democracia y convertir a la justicia en un instrumento de persecución política.
Es válido cuestionar si la reforma, en lugar de mejorar la justicia en Tabasco, puede terminar por consolidar una concentración de poder en manos del Ejecutivo.
Que el gobierno en turno pueda influir directamente en la elección de quienes administran la justicia, también plantea dudas sobre la efectividad de los mecanismos de control y balance entre los poderes del estado.
Por lo que se refiere a la incertidumbre entre los trabajadores del Poder Judicial, el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, ha asegurado que la reforma no afecta sus derechos laborales.
En realidad, las elecciones de jueces y magistrados representan un cambio profundo en el sistema judicial, con el potencial de acercar la justicia a la población.
El tiempo dirá si la reforma tendrá el impacto deseado, o si, como sostienen los detractores, terminará siendo un retroceso para la independencia y la autonomía de la justicia.
En cualquier caso, este es un momento sin precedente para la justicia local, un parteaguas en la historia de Tabasco, y del resto de los estados que están obligados a actuar en el mismo sentido.
El futuro del sistema de justicia tabasqueño, sin importar el resultado de la elección de julio, debería generar una mejora en la calidad y transparencia de la justicia.
Tirios y troyanos esperan que así sea.
: LA RÚBRICA
El gobernador May dio a conocer que Petróleos Mexicanos saldará su deuda con empresas proveedoras del estado este mes de diciembre. Esta acción es resultado de reuniones entre autoridades locales y personal de Pemex, quienes confirmaron el compromiso de liquidar los adeudos con los proveedores tabasqueños. Este pago puede representar una medida importante para mitigar las tensiones entre las empresas y el gobierno federal, que han visto en las deudas impagas una limitación para el desarrollo económico local. Además, May propuso a Pemex un cambio en su política de cooperación con el estado, sugiriendo que en lugar de donaciones de vehículos y patrullas, la inversión se enfoque en la infraestructura básica de las comunidades donde la empresa opera. Estos proyectos, que incluyen la mejora de servicios como agua potable, energía eléctrica, caminos, y hospitales, tienen un presupuesto aproximado de 4 mil millones de pesos, lo que refleja un enfoque más integral para atender las carencias en las zonas petroleras. Esta propuesta pone de relieve una visión de desarrollo más sostenible, orientada a resolver problemas estructurales que afectan a los municipios, en lugar de recurrir a soluciones temporales como la entrega de vehículos. La relación entre el gobierno estatal y Pemex pone énfasis en resolver problemas económicos y sociales en la región. Será necesario seguir de cerca el desarrollo de estos compromisos, especialmente en lo relacionado con el pago de deudas y la implementación de proyectos de infraestructura en las comunidades afectadas.