Jorge Núñez 
Carta Abierta
Desde Tabasco, punto de origen y bastión obradorista, la divulgación de grabaciones que involucran a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, ha dejado de ser un asunto sólo de allá para ser un tema de todos los morenistas del país. La mandataria ha admitido contactos con personas que se identificaron como agentes estadounidenses. ¿Pues de qué se siente culpable la mandataria?
El contenido de estos audios es grave. Su disposición para compartir información de las mesas de seguridad es una vulnerabilidad directa para el Estado mexicano. Estas instancias reúnen a mandos militares, navales y de inteligencia nacional para coordinar el combate al crimen organizado. Por tanto, ofrecer estos datos a un gobierno extranjero es una traición a la patria, y por lo tanto debería ser removida del cargo para ser investigada.
Este incidente no es un hecho aislado. Informes de medios como el New York Times han señalado que al menos diez políticos de alto nivel dentro del movimiento oficialista podrían estar colaborando con autoridades de los Estados Unidos. El objetivo de estas cooperaciones sería evitar procesos judiciales por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
La mención de otros nombres, como los de Rubén Rocha Moya en Sinaloa o Américo Villarreal en Tamaulipas y Alfonso Durazo en Sonora, bajo sospechas similares, es una tendencia que pone en riesgo la cohesión de la cuarta transformación.
Un movimiento político donde sus liderazgos priorizan acuerdos individuales de inmunidad con agencias extranjeras es una estructura en peligro de inmolación.
Si la presión de Trump ha logrado que políticos en el norte del país busquen acuerdos de este tipo, la posibilidad de que ocurra lo mismo en el sureste no puede descartarse per sé.
La sobrevivencia del movimiento requiere la garantía de que sus miembros no actúan como soplones para exponer a sus propios compañeros. Y esto es algo que parece no estar pasando. Es una especie de “sálvese quien pueda”.
Desde Tabasco, la pregunta obligada es si en la entidad también existen infiltrados, de cualquier partido, que estén negociando en lo oscurito con el gobierno estadounidense, para asegurar un trato favorable al saberse vulnerables.
Es pregunta.
: LA RÚBRICA
El Show de Bertruy. Resulta casi cómico ver a Humberto de los Santos Bertruy intentar disfrazar su fracaso con una narrativa de complot digna de una novela. Según él, existe una colusión total entre el IEPCT y el TET, orquestada por el gobernador Javier May, para frenar su ‘arrollador avance’. Sin embargo, la realidad es mucho más terrenal y menos heroica de lo que sus delirios de mártir sugieren. La negativa de registro a Unión Democrática por Tabasco es la consecuencia lógica de la incompetencia. La respuesta clara y llana es que su agrupación simplemente no cumplió los requisitos. Es ridículo acusar a las instituciones cuando se presentan irregularidades administrativas y financieras, y más grave aún, cuando se permite la intromisión de ministros de cultos religiosos en un proceso estrictamente civil y laico. En lugar de asumir su responsabilidad, De los Santos prefiere atacar al magistrado Oswald Lara Borges, acusándolo de inventar fallos y conspirar en reuniones secretas. Menos drama y más orden legal le habrían servido más que sus fantasías de persecución… El legislador local morenista Reynol Chamec Cruz dio su postura ante las protestas ciudadanas dirigidas contra los diputados de la 4T que autorizaron la venta de edificios públicos en Tabasco. Afirmó que, aunque valora la libertad de expresión y los actos de inconformidad, la decisión de la mayoría oficialista en el Congreso busca el bienestar general de la población con el Proyecto Villahermosa 2030. Según él, la enajenación del gimnasio del parque La Choca se justifica debido a que es propiedad del gobierno estatal. Esta defensa surge tras la exhibición pública de los nombres de quienes votaron la medida. Así, intenta equilibrar las protestas frente a los puntos positivos de la decisión del gobierno de May… El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana acreditó a los representantes de los partidos PAZ y Somos México ante su Consejo Estatal. La presidenta del instituto, Elizabeth Nava Gutiérrez, tomó protesta a Pilar Ovando Sánchez como representante electoral de PAZ, quien manifestó su compromiso de actuar bajo los principios de legalidad y diálogo. En el caso de Somos México, el partido acreditó a Rutilio Rodríguez Ramos como su representante, quien asumirá el cargo en la próxima sesión. En el ámbito financiero, el consejo aprobó una redistribución de los recursos públicos de 2026. Con este ajuste, cada uno de los nuevos partidos recibirá 626 mil pesos al mes, pagos que iniciarán en julio. La presidenta del organismo detalló que otros partidos cuentan con asignaciones mayores, como el PRI con 2.5 millones de pesos, y el Partido Verde junto al Partido del Trabajo con 3.5 millones cada uno. Morena ha expresado su intención de impugnar este acuerdo de redistribución presupuestaria.
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Luis Antonio Vidal 
Redaccion 