Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca elevó a seis el número de periodistas asesinados en México en lo que va de 2026. La cifra es alarmante, pero resulta aún más cuando se observa que tres de esos homicidios ocurrieron con la morenista Rocío Nahle en Veracruz, el epicentro de la violencia contra la prensa. Es la evidencia que exhibe el fracaso del Estado para garantizar la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.
La ejecución de Leyva Aguilar, crítico del gobernador morenista Salomón Jara Cruz, ocurrió apenas horas después de su última publicación. Tras el crimen, tanto la Fiscalía General del Estado de Oaxaca como el propio mandatario prometieron investigaciones serias, coordinación con la FGR y cero impunidad. Sin embargo, la historia reciente muestra que las condenas públicas suelen ser puro ‘atole con el dedo’, mientras la justicia permanece lenta, incompleta o inexistente.
La violencia contra periodistas tiene un patrón claro. Las víctimas de este año ejercían un periodismo vinculado con sus comunidades: Carlos Castro, especializado en seguridad pública y nota roja; Luis Ángel López, también reportero de nota roja y quien incluso contaba con medidas cautelares; Roxana Rivera, secuestrada de su domicilio por un grupo armado antes de que sus restos fueran localizados; Alex Serna, comunicador y ambientalista desaparecido y posteriormente hallado con huellas de tortura; Josué Martínez Contreras, asesinado frente a su hijo y su madre; y ahora Francisco Alejandro Leyva. Todos compartían un rasgo: eran críticos del poder.
Los mecanismos federales de protección resultan insuficientes cuando las instituciones estatales carecen de capacidad, voluntad o están coludidas con las redes criminales que operan en sus territorios.
El caso de Luis Ángel López, asesinado pese a contar con medidas de protección, demuestra que las herramientas preventivas son vulnerables cuando no existe una estrategia integral de seguridad y procuración de justicia.
Cada periodista asesinado crea zonas de silencio donde la corrupción, el crimen organizado y los abusos de poder encuentran menos vigilancia y mayor impunidad.
México no resolverá esta crisis capturando sólo a los autores materiales de los asesinatos. La verdadera prueba es desmontar las redes de complicidad política, institucional y criminal que ubican a nuestro país como el más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.
Acerca del autor
Victor Manuel Acosta 
Sergio Garrido 