CARTA ABIERTA
La difusión de un video donde Rubén Rocha Moya aparece bailando alegremente música de banda en Badiraguato ha desatado indignación. La escena, captada tras más de 80 días fuera de los reflectores, es vista como un monumento a la impunidad, una burla abierta ante la severa crisis de seguridad que vive Sinaloa.
La indignación cobra fuerza al contrastar el festejo con los datos duros de la caída institucional de Sinaloa. El origen del conflicto se remonta al 25 de julio de 2024, fecha de la extracción ilegal de Ismael «El Mayo» Zambada hacia Estados Unidos y del asesinato del opositor Héctor Melesio Cuén, eventos en los que Rocha Moya ha sido señalado por supuestos nexos con el narcotráfico.
Presionado por los cargos penales de conspiración de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Rocha Moya solicitó licencia a su cargo en mayo de 2026. Después, Washington solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores su extradición. Los plazos se han vencido sin que la fiscalía mexicana ejecute la captura, argumentando falta de pruebas en territorio nacional.
Mientras el exmandatario baila en la sierra, la población sinaloense enfrenta la peor ola de violencia de su historia. Desde el rapto de «El Mayo» hace dos años, la guerra interna entre las facciones de «La Chapiza» y «La Mayiza» ha dejado 3,045 homicidios dolosos y 4,635 desapariciones forzadas, promediando 4.2 asesinatos diarios. Este año, los enfrentamientos han disparado los homicidios más de un 66% en comparación con los periodos previos a la fractura del cártel.
Esta guerra ha pulverizado la economía. Aarón Sánchez, presidente del Colegio de Economistas de Sinaloa, detalló que el Producto Interno Bruto estatal se ha desplomado un 10%. El cierre masivo y los daños colaterales alcanzaron a 4,500 negocios, provocando el desplazamiento forzado de unas 80,000 personas de sus comunidades y una caída del 30% en la inversión privada. Especialistas advierten que la entidad tardará al menos una década en lograr su recuperación.
En medio de reclamos de la oposición por el aparente «blindaje» del gober bailador, Omar García Harfuch intenta deslindar al Gobierno Federal de cualquier protección, aclarando que Rocha Moya no cuenta con escoltas por parte de la Defensa, Marina o la Guardia Nacional. García Harfuch insiste en que su seguridad está a cargo del gobierno estatal.
A pesar de los desmentidos oficiales sobre convoyes militares resguardándolo, la difusión de ese video bailando a todo dar, deja, incluso en los más convencidos morenistas, la percepción de que Rocha es un intocable que celebra con descaro. Es también, por cierto, una burla para el Gobierno de Donald Trump.

