Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
¿Qué sustento jurídico define la postura del gobierno federal frente a la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya? Durante la conferencia de prensa matutina de ayer miércoles, Claudia Sheinbaum expuso las razones por las cuales no existen condiciones legales para capturar al gobernador con licencia de Sinaloa, reclamado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.
De acuerdo con lo expresado por la mandataria, la decisión se fundamenta en que las autoridades de Washington no han aportado las pruebas adicionales solicitadas para robustecer el expediente.
Sobre si el gobierno estadounidense había remitido nuevos elementos, precisó que la respuesta de aquel país ha sido que, por tratarse de una petición de detención urgente con fines de extradición, no se encuentra obligado a presentar evidencias complementarias en esta fase. Ante esto, remarcó que las solicitudes de origen extranjero deben acoplarse al marco legal mexicano.
En su argumentación, detalló que existen diferencias entre los sistemas penales de ambas naciones. En el sistema judicial de Estados Unidos los testimonios se valoran como pruebas por sí mismos. En contraste, la legislación de nuestro país demanda otro tipo de evidencias para poder declarar a una persona presunta culpable, así como para proceder con la apertura de una carpeta de investigación.
Esta postura fue respaldada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien confirmó que, tras analizar la documentación enviada por el gobierno estadounidense, se concluyó que no se contaba con los elementos para judicializar el caso ante un juez.
Lo cierto es que este blindaje de las leyes mexicanas ha otorgado un giro a la coyuntura de Rubén Rocha Moya.
Lo que hace apenas una semana parecía un desenlace ineludible para ser enviado a EE.UU., se ha transformado en una escena donde resurge de las cenizas. Como el mismísimo Lázaro, el cadáver insepulto de Rocha se ha levantado… y aún anda.
: LA RÚBRICA
El rechazo del INE al mapa de la República en el emblema de Somos, bajo el argumento de que da una ventaja indebida al representar la identidad nacional, abre dudas sobre su imparcialidad. Emilio Álvarez Icaza acusó al organismo de un atropello contra la libertad de asociación, recordando que durante 20 meses el propio INE les permitió usar ese logotipo, celebrar casi 400 asambleas y afiliar a casi 300 mil personas. Que el INE cambie de criterio y exija corregir todo bajo un asfixiante plazo de 48 destruye su credibilidad. ¿Por qué lo que fue legal durante casi dos años hoy es inequitativo? Esta contradicción exhibe un trato discrecional y con sesgo. Un árbitro de la democracia no asfixiaría de este modo selectivo a una nueva opción partidista.
Acerca del autor
Victor Manuel Acosta 
Carlos Sáyago 