Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
La descomposición del Instituto Nacional Electoral ha alcanzado su punto más crítico a las puertas del ciclo electoral de 2027. Las revelaciones publicadas ayer lunes destapan un esquema de presunto nepotismo y tráfico de influencias que liquidan la poca autoridad que le restaba al organismo.
La credibilidad del supuesto contrapeso democrático ha saltado por los aires al confirmarse que la corrupción ya no rodea al instituto, sino que habita en el despacho de su propia presidencia.
Las investigaciones firmadas por Erika Hernández y Rolando Herrera en Reforma, y secundadas por Proceso, exponen que Jonathan Navarrete Torres, chofer personal de la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, figura como apoderado legal de Corporativo Zeg. Esta firma, en contubernio con Cajas Graf, acapara contratos millonarios como proveedora principal de material electoral.
La trama involucra a Octavio García González, exdirector de Administración del INE hasta abril, y a Iliana Aracelí Hernández Gómez, titular de la Dirección General de Capacitación Electoral, quienes ya habían operado con las mismas empresas en los institutos electorales de Sonora, Oaxaca y Chihuahua bajo la gestión de Taddei.
Ambas compañías arrastran expedientes en la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera. A este caso se suma la adjudicación directa de más de mil millones de pesos a una firma vinculada a la Estafa Maestra para producir una miniserie, o el nombramiento de Mario Alberto Alejo en la Unidad Técnica de Fiscalización sin cumplir los cinco años de experiencia requeridos.
Quienes intentan ignorar el olor nauseabundo que sale del INE sostienen que la responsabilidad es sólo de los subordinados o de las fallas administrativas ajenas a la presidencia, argumentando que no existe una sentencia judicial que vincule a Taddei en la firma de las licitaciones.
Lo cierto es que suena inverosímil sostener que la cabeza del órgano desconozca que su chofer y sus operadores de confianza tejieron una red proveedora, recurrente en los estados donde ella mandó antes de llegar al INE.
A esto se añade la omisión deliberada y la concentración de decisiones a través de 830 renuncias forzadas para colocar perfiles políticos en el INE, exhibiendo una estrategia de captura de una institución que en su mejor momento llegó a ser ejemplo a seguir en Latinoamérica.
Guadalupe Taddei debe dimitir y los mandos involucrados deben afrontar juicio. Así queda el INE: manchado y tiznado.
Acerca del autor
Luis Antonio Vidal 
Sergio Garrido 
Daniel Castro 