CARTA ABIERTA
El sábado quedó al descubierto la falsedad de una noticia con foco en el exedén. Se aseguraba que varios funcionarios de los gobiernos de Adán Augusto y Carlos Manuel Merino habían sido detenidos por la Fiscalía General de Tabasco, acusados de diversos delitos. Pero lo que buscaba ser un golpe mediático terminó desinflándose como un globo, exhibiendo la fragilidad de la ‘fake’; la torpeza de sus inventores.
El origen fue una publicación lanzada por el portal La Silla Rota el 6 de noviembre, en la que se afirmaba la ejecución de doce órdenes de aprehensión contra antiguos colaboradores del hoy senador tabasqueño y del actual director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA.
De inmediato, algunos medios de comunicación de la Ciudad de México, conocidos ya por su abierta postura antagónica a Adán Augusto y por sus constantes ataques al pasado sexenio estatal, replicaron la versión.
Sin embargo, el montaje cayó por su propio peso. Fue el propio Fiscal Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros, a través de un comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, quien salió a desmentir tales órdenes de captura o detenciones contra exservidores morenistas, entre ellos Manuel Marcué, antiguo colaborador de la gestión de Adán.
La dependencia precisó que se manipularon y sacaron de contexto las declaraciones del fiscal en la rueda de prensa que el Gabinete de Seguridad dio el 26 de octubre.
¿Dónde se originó el montaje noticioso? Las evidencias apuntan a que esta falsa noticia fue creada, financiada y distribuida a espaldas del gobernador Javier May.
Todo indica que la autoría intelectual corresponde a un experiodista, a quien en pasillos políticos apodan ‘Loretito’. Impulsado por congraciarse con el mandatario estatal en la antesala de su Segundo Informe de Gobierno, creyó que esta ‘fake news’ serviría para distraer la atención de varios asuntos locales de relevancia.
Pero el desmentido de la Fiscalía, respaldado implícitamente con el visto bueno del gobernador morenista (no podría ser de otra manera), demuestra que May no aprueba guerras sucias ni invenciones promovidas por actores oficiosos.
El papel en el que quedan quienes intentaron esta maniobra es sencillamente ridículo. Todos ellos deben asumir la responsabilidad de este nuevo plan, ya que los exhibe cómo un reducido grupo que insiste en perpetuar la confrontación con el sexenio pasado.
Creen quedar bien con un gobernador que, como demuestra el desmentido del fiscal, ha rechazado esas prácticas que recuerdan los episodios más oscuros del viejo PRI, en las que hay un insistente discurso de odio y resentimiento.
: LA RÚBRICA
El Chelo Cano respondió con insultos a Manuel Andrade, pero sus descalificaciones dejaron intacto el fondo de la polémica: su eventual candidatura en Cunduacán tiene visos de imposición y ha provocado un profundo malestar entre los cuadros de Movimiento Ciudadano. Andrade tiene razón al advertir que seis figuras importantes podrían abandonar el partido ante una decisión que desplaza a quienes llevan años trabajando por el proyecto naranja en ese municipio. Cano parece confundir su incorporación al partido naranja con un derecho automático a la candidatura. Llamar “payaso” al exgobernador priista es más sencillo que explicar por qué su postulación ha generado tanta inconformidad… Las reuniones del alcalde de Cárdenas, Euclides Alejandro, con diversos actores políticos y en particular con José Ramiro López Obrador, han desatado especulaciones. Aunque el edil niega perfilarse como titular de la Secretaría de Gobierno, en los círculos políticos se le percibe como el relevo lógico de Pepín. Sus elogios hacia el trabajo del secretario alimentan una posibilidad que, aunque desmentida públicamente, cobra cada vez más fuerza… El 8 de noviembre se reportó la aparición de mantas amenazantes dirigidas a funcionarios en distintos puntos de Tabasco, en la víspera del Segundo Informe de Gobierno. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro Leal López, informó el retiro de los mensajes y ratificó que no se modificará la estrategia de seguridad estatal contra los grupos criminales.


