PODER POLÍTICO
Lamentable que en la inmoralidad y la ignorancia ideológica se pretenda aun vender la idea del fraude en la elección popular por los cargos de gobernabilidad ejecutiva y legislativa, no se dan cuenta que con desacreditar al árbitro y/o el adversario igual se aniquilan partidos y candidatos quienes deben ser los principales interesados en la participación ciudadana que con el voto les otorga legitimidad.
A casi 31 años de institucionalización electoral y las correspondientes reformas políticas el constituyentes de los congreso de la unión y locales le ha otorgado a los órganos administrativos y a los jurisdiccionales argumentos para sancionar incluso con tal severidad el desafío por burlar las reglas del juego, iguales para todos.
La insensatez de quien se siente derrotado a priori al no tener los argumentos de competitividad no halla justificación alguna con el hecho de incurrir en la acciones ilegalidad de antaño, pretendiendo incidir en entre la voluntad popular para inclinar en su descaro la balanza.
Se entiende tal frustración de quien en un principio sus análisis de prospectivas le tenían marcada diferencia en pro por hacerse de gran parte de los 500 legisladores federales, uninominales y plurinominales, igual que en gubernaturas, alcaldías y congresos locales. Sin embargo, en el discurrir de las campañas estas prospectivas en la actualización evidentemente han cambiado de modo negativo para uno y positivo para otros.
Mucho tienen que ver los acontecimientos que durante este lapso se han dado de trascendencia como para que el electorado decida cambiar o no el sentido de su voto, o bien se mantiene en la indefinición hasta llegado el acto de la jornada cívica.
La polarización sembrada desde la cúpula de quienes ven escapar la posesión preponderante del mando de cogobierno, en principio sobre el Congreso de la Unión, ha llevado a un ambiente hostil entre la sociedad, a la que se le pretenden vender la narrativa entre quienes se han catalogado como representantes del pueblo bueno y el pueblo malo.
Un ambiente que en nada abona a la esencial calidad de la democracia por lo que corresponde a las opciones que se le presentan al electorado que en voluntad popular decide a quien sí y no otorgar el mandato de representarle en sus intereses de un bien común, medible en los satisfactores de un mejor estatus de vida, al desarrollo social de sus muy diversas colectividades.
Pero recurrir a actos fraudulentos por alguno de los partidos y/o candidatos en competencia aferrado a un triunfo que, en su momento desde la prospectiva del estudio estuvo de su lado puede representarle en las circunstancias y tiempos actuales que se le desconozca con las consecuencias que trae consigo.
Pero insinuar un fraude para las elecciones de este seis de junio puede ser detonante de polarización que sobrepase sal pleito a nivel de tribunales electorales, en donde se delibera la constitucionalidad del cargo que esté en la controversia. Principalmente las gubernaturas y legislaturas federales, independiente de la diferencia entre unos y otros.
Por ahora priva la incertidumbre, en donde aun cuando distan 21 días para las votaciones nada hay seguro para nadie, todo puede suceder según los acontecimientos que ocurran. Un paso en falso puede significar la diferencia entre el éxito o el fracaso, al menos en la calificación de los resultados.
El Sistema Nacional de Elecciones, en este caso los organismos administrativos regidos por el INE y el Tribunal Electoral, locales y el del Poder Judicial de la Federación, en su ámbito de competencia han impuesto la máxima de las penalidades en común por la razón de que unos y otros en su momento transgredido, y aún lo hacen, la legislación de las reglas del juego.
Si bien la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló las elecciones para gubernatura en el 2000 en Tabasco así cono en 2002 y 2015 ambas por la gubernatura en Colima ha sido porque el contendiente afectado impugnó los resultados por la vía del juicio de revisión constitucional, en las que el ganador no tuvo argumentos para combatir la serie de ilegalidades imputadas, sobretodo de injerencia gubernamental, desviación presupuestal y de programas.
Por lo que compete al Instituto Federal Electoral en 2003 se impuso sanción por 1 mil millones de pesos al PRI y de 500 millones de pesos por el caso de injustificado de igual cantidad transferida al sindicato e trabajadores liderado por Carlos Romero Deschamps, y a la coalición PAN-PVEM por 500 millones de pesos por aportaciones económicas del extranjero, con motivo de las elección para el cargo de Presidente de la República que hubo en el 2000.
Los recientes acontecimientos de 61 cancelaciones de candidaturas de todos los partidos, incluyó las correspondientes a la gubernatura de Guerrero y Michoacán en donde los involucrados, partidos y candidatos, pusieron en vilo con acciones de amenazas incluso a la integridad a los integrantes del Consejo General del INE por las razones de que no presentaron informes financieros de precampaña, y no tanto por un monto aleatorio probado.
Los partidos conocen a la perfección cada una de las actividades preparatorias del proceso electoral encaminada a las elecciones. Toman parte de las deliberaciones sobre los acuerdos que se dan en el Pleno de los organismos electorales. Aportan y se toman en cuenta cuando la razón de sus observaciones les asiste.
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