CARTA ABIERTA
La reducción de diputados ‘plurinominales’ vivió el jueves otro importante episodio luego de que el Congreso aprobara el dictamen de reforma constitucional, mientras que el PRI ha endurecido su postura al respecto.
En sesión extraordinaria, la mayoría aprobó la propuesta del gobernador Adán López, a pesar de que Lola Gutiérrez, Gerald Herrera y Carlos Mario Ramos se inconformaron. Ramos y Herrera buscaron modificarla, pero la mayoría lo rechazó. El priista Herrera expuso que reducir los plurinominales “es un riesgo para el estado”. Ahora, el dictamen se enviará a los ayuntamientos para que en 20 días puedan votar la reforma constitucional.
En la tarde, el dirigente estatal del tricolor, Dagoberto Lara, emitió un comunicado donde expuso que la reforma a los artículos 12, 14 y 15 de la Constitución de Tabasco “aniquila la equidad y la proporcionalidad de la representación de la sociedad en la toma de las decisiones que impactan en la vida de los ciudadanos”. Asegura que en realidad busca extinguirse al Congreso local como un órgano plural y deliberativo.
Dice que así se abre el camino a la exclusión y fomenta el autoritarismo, por lo que su partido luchará para garantizar la inclusión de diversas expresiones políticas, impidiendo una sobrerrepresentación en el Legislativo, ya que este debe seguir como un contrapeso del Poder Ejecutivo, garantizando su control y evaluación.
Lara argumenta que las constituciones federal y estatal establecen la proporción para el equilibrio democrático del Congreso local, que es 60% de diputados de mayoría relativa y 40% de diputados de representación proporcional. Señala que esto es clave para la democracia y para considerar a las voces que votaron por partidos distintos.
El dirigente priista cuestiona la conformación del Congreso con 29 miembros, manteniendo los 21 de mayoría relativa y reduciendo los de representación proporcional de 14 a 8. Ello arroja “una desproporción y desequilibrio porcentual de 72.41 a 27.59. Lo que en realidad se busca, considera el huimanguillense, es que los 21 diputados de la mayoría de Morena puedan, por sí mismos, reformar la Constitución y adoptar decisiones de profundo impacto social, rompiendo el equilibrio de poderes y resultando inconstitucional.
Advierte que las constituciones federal y estatal prohíben que cualquier partido tenga un número por ambos principios que represente un porcentaje que exceda en ocho puntos la votación emitida. Por otra parte, para reformar la Constitución, Morena necesita la mayoría calificada, es decir las dos terceras partes de los 35 diputados, y ahora sólo tiene 21. Esto es, la mayoría simple no le basta.
Lara opina que debe respetarse la ley que obliga y promueve que las mayorías respeten la pluralidad política y se incentive la negociación y el diálogo para que se privilegie la razón y el interés general de los tabasqueños. Propone impulsar un Parlamento Abierto en el Congreso para la discusión previa de la iniciativa ya que esta impactará los derechos de los ciudadanos y estos deben participar y estar informados sobre el tema.
En tanto, el diputado local electo de Morena, Emilio Contreras Martínez de Escobar, mostró su respaldo a la iniciativa del gobernador al considerar que los ‘pluris’ no son necesarios para la vida democrática del estado. Recordó que en un principio las diputaciones plurinominales buscaron garantizar que las minorías contaran con voz y voto, pero ahora hay un exceso de legisladores quienes no son elegidos por los votantes sino por las cúpulas de los partidos.
Apoyó el principio de austeridad que acompaña la propuesta del Ejecutivo al señalar que su desaparición generaría grandes ahorros que podrían utilizarse en beneficio de los ciudadanos más vulnerables. Señaló que los plurinominales son designados por los partidos y no mediante la elección de los ciudadanos y por eso pueden atender a otros intereses y compromisos “que no son los del pueblo”.
Así, en estos términos, sigue debatiéndose un tema álgido que ha acaparado la atención de la agenda política de Tabasco. Lo seguirá siendo en la medida en que la oposición avance en la impugnación de la iniciativa ante los tribunales.