CIUDAD DE MÉXICO. – En cumplimiento a la instrucción presidencial, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló que, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (PyRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se han realizado revisiones a fin de determinar casos de personas privadas de su libertad que cumplen con los requisitos previstos en la ley para ser preliberadas y modificar así las medidas cautelares u obtener su libertad. Durante la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, el titular de Gobernación informó que, al momento, se tienen ubicados 4 mil 233 expedientes de personas sentenciadas o en prisión preventiva que fueron sujetos de análisis en el ámbito federal.
Desde el Salón de la Tesorería, especificó que dichos expedientes fueron entregados a jueces competentes, al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al Instituto de Defensoría Pública (IFDP) y a la Fiscalía General de la República (FGR), según corresponda cada caso. “Confiamos que serán gradualmente para que las personas puedan obtener su libertad. Lo que vamos a anunciar el día de hoy es solo el principio de un proceso cuyos avances estaremos viendo cada mes”, expresó.
Lo anterior, toda vez que –destacó el secretario Adán Augusto López Hernández– han trabajado de manera coordinada, la Secretaría de Gobernación y la SSPC, así como los gobiernos estatales para hacer realidad un acto de justicia en favor de personas privadas de su libertad, adultas mayores que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa o se encuentren en fase terminal, adultos mayores de 70 años, víctimas de tortura con Protocolo de Estambul, indígenas que en su momento no tuvieron una defensa adecuada, además de personas que llevan dos años o más en prisión preventiva o sin sentencia.
Abundó que se realizan las gestiones con las y los jueces competentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la FGR, con el propósito de agilizar los trámites en preliberaciones, modificación de las medidas cautelares y libertades, ya que se requiere cumplir con una serie de requisitos establecidos en ley.
En este tenor, recordó que, a partir de 2016 el otorgamiento de la libertad anticipada es atribución exclusiva del Poder Judicial, “sin embargo –enfatizó– hemos hecho las gestiones necesarias para que éste tenga todos los elementos de resolución en casa caso”.
El secretario de Gobernación añadió que ayer fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para la integración y funcionamiento del comité permanente de seguimiento a las acciones para la gestión de las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas, así como para identificar casos tanto de personas en prisión preventiva, como de aquellas que hayan sido víctimas de tortura.
Asimismo, dio a conocer que, a julio de este año, la población privada de la libertad en el país era de 220 mil 866 personas, de las cuales 16 mil 464 se ubican en centros federales, es decir, alrededor de 7.4 por ciento del total. En tanto, que el resto se ubica penales locales y está sujeto a proceso o cumpliendo sentencia por delitos del fuero común.
Dijo que esto significa que 92.6 por ciento de las personas internas, entre las cuales algunas podrían acceder a los beneficios, están en el ámbito local. “El acuerdo –recalcó– señala que no podrán acceder al beneficio de la preliberación quienes estén procesados por delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada, secuestro ni otros delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, los cuales en su mayoría son del fuero federal”.
Por ello, enfatizó que además de las gestiones realizadas en materia federal, se está fortaleciendo el trabajo coordinado con los gobiernos de los estados, a fin que se realicen los trámites necesarios para hacer efectivo este beneficio.
Al respecto, detalló que entre ayer y hoy gobiernos de las entidades han hecho llegar su relación, y que los gobiernos de Chiapas y de la Ciudad de México publicaron sus respectivos acuerdos para iniciar el trámite de preliberación.
En el caso de la primera entidad se plantean 180 y para el caso de la capital del país, 40 ya están sujetos a este beneficio. “Hemos pedido al resto de los gobiernos en las entidades que, desde el ámbito de sus atribuciones y facultades, busquen las rutas legales para las preliberaciones, modificación de las medidas cautelares y libertades, tomando el ejemplo federal”.
Como resultado de ello, el secretario de Gobernación apuntó que con algunos gobiernos estatales se ha podido avanzar y se hará efectivo el otorgamiento de beneficios a 681 personas internas.
Baja California Sur, 10; Baja California, 63; Chiapas, 198, Ciudad de México, 40; Colima, 13; Durango, 100; Nayarit, 30; Oaxaca, 48; San Luis Potosí, 7; Sinaloa, 15; Tabasco, 12; Tlaxcala, 2; Veracruz, 50; y Zacatecas, 57, así como 36 de penales federales.
De esta manera, se abona a la consolidación de los instrumentos legales y al proceso de transformación impulsado por este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, todo bajo una perspectiva humanista y de justicia, concluyó.