Poder Político
En la dicotomía del ejercicio de lo público del cogobierno no basta con ser sino que también parecer, teniendo en cuenta que representan y se trabaja para los intereses de un colectivo social que por voluntad popular les puso en una posición de gestión administrativa y/o legislativa, en lo federal y en lo local.
Los tiempos y las circunstancias actuales tiene sus singularidades respecto del ancestral pasado. La legalidad otorgada ya no es más un cheque en blanco cuando una quinta parte del siglo la alternancia se ha erigido en una constante, en lo federal con tres regímenes distintos, para el caso puntual de la figura del Presidente de la República.
La gobernanza compartida sobre el entramado de lo geopolítica exige un trabajo coordinado por hacer realidad el común propósito al que se compromete la partidocracia cogobernante, incluido el movimiento social, indistintamente de sus principios de doctrina, programa de gobierno y los fundamentos ideológicos.
México y sus 32 estados federados tienen marcadas asimetrías en lo general y en lo particular que deben ser motivo de un sesudo diagnóstico, análisis y compromisos que hagan sentido con una lastimosa realidad, con la exigencia de un llamado a la unidad entre la democracia participativa y la democracia representativa que tengan la convicción de cambiarle el rostro hacia el horizonte de la prosperidad.
Un arraigado bienestar, avanzar e la ruta hacia la calidad de vida, que del romanticismo y el sueño guajiro se tiene necesariamente que pasar hacia una sustantiva condición de pujanza que logre estar en pro, siempre y cuando halla un convencimiento; la capacidad de un diálogo abierto, receptivo, y no la obediencia ciega de unos sobre los otros, para configurar las políticas públicas idóneas cada una a los respectivos problemas cada vez crecientes.
Cuando se trata de una causa común nadie debe sobrar ni nadie debe faltar entre gobernantes y gobernados cuando 126 millones 014 mil 24 mexicanos cohabitan en una geografía de 1 millón 960 mil 646.7 kilómetros cuadrados que se tiene por territorio, 63.3 individuos por cada kilómetro cuadrado, datos autenticado del censo de población y vivienda a marzo de 2020.
Una evidencia que no sólo hay un solo México sino muchos México, que exigen cada cual la atención a sus particulares claroscuros del bienestar, en el que el sur y sureste mexicano son las regiones con marcados oscuros sobre los claros a diferencia del centro, y norte en que son por mucho más los claros y pocos los oscuros.
Sin embargo, aun entre los 32 estados federados prevalecen también las asimetrías en el desarrollo social con tantas carencias, pero que no por ello puede permitirse ser omisos en la atención a buscar cerrar las brechas, abatiendo de inicio la miseria de 55.7 millones de personas residentes en condiciones de extrema marginación, consignados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, durante el más reciente bienio 2019-2020.
Los resultados respecto de los índices del desarrollo social mediante una medición multidimensional de la pobreza a nivel nacional y por entidad federativa, sobre la base de los Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de pobreza y en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIGH del Instituto Nacional de Estadística y Geografía , el Inegi.
Los ingreso corriente per cápita, la calidad educativa, los servicios de salud, la seguridad social, los servicios básicos, la alimentación y la cohesión social son evidentemente marcadas en un complejo turístico como Acapulco, Guerrero, imán de visitantes nacionales y extranjeros; mientras que en los linderos se hallan los cinturones de pobreza.
La pretensión de una política pública tiene que sustentarse en soluciones estructurales que se refleje en una solución a esta condición marginal de rezagos hacia elementales condiciones dignas de bienestar, aun en el modesto entorno con todos los satisfactores que le permitan aspirar a mejores condiciones.
Se trata de que ese presupuesto financiero se inviertan y no se dilapiden en los programas asistencialista, los cuales no han tenido otro objetivo más allá de crear una codependencia con fines paternalistas, una situación decretada en una suerte de uso y costumbre llevada a un exacerbado populismo.
La autoridad pública de cogobierno tiene por obligación ser un promotor y facilitador de incentivos para que fluya la inversión privada detonante de la cadena de valor otorgando la seguridad jurídica, coadyuvar al ganar-ganar de los hombres de negocios y su plantilla de trabajadores, quienes igual deben comprometerse a ser productivos, eficientes.
En la medida de que halla una creciente rentabilidad el beneficio será mayor para las partes involucradas, incluida la hacienda pública actualmente sumida en la precariedad ante la ausencia de inversiones domésticas y externas, las cuales ahí están con el interés de arraigarse, pero sin haber las condiciones ni para los corporativos ni para micro, pequeñas y mediana empresas.
Pero para lograr el propósito en el activismo de a administración pública se requiere del trabajo en el ámbito legislativo, generador de las leyes asertivas y reformas constitucionales que sean instrumentos para el mismo propósito del bien común.
Bitácora
La paz pública también cuenta, otro pendiente en la agenda pública que a todos debe ocupar a todos y no a unos cuantos.