Poder Político
En palabras del Ejecutivo Federal, enunciadas el 9 de octubre de 2020, deberían de renunciar desde ahora a sus cargos como funcionarios de la administración pública federal quienes aspirar a una candidatura de elección popular en 2024. Aún más teniendo en cuenta que conforme a la Constitución incurren ya en una evidente violación al aprovecharse de su investidura para también promocionarse en su persona.
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, ambos fueron anunciados el 5 de julio de este 2021 como las principales opciones, casi las únicas, del «Movimiento», quienes a la actualidad ejercen dos de las funciones más trascendentes en la gobernanza del país.
Aunque desde que ella fue electa por voluntad popular para gobernar la capital del país y él designado como responsable de la política exterior del país, ambos se asumieron con el derecho por hacerse de la estafeta del Jefe del Estado Mexicano. De entonces a la actualidad, acentuada ya post elecciones intermedias, han aprovechado el reflector de sus respectivas investiduras con ese carácter, transitada a la ambición.
Sin embargo, no son los únicos. Hay otros competidores que encartados y descartados en el «Movimiento» y en la oposición han levantado la mano y se placean por la arena mediática.
Sí bien tienen la venia del dedo de «ya saben quién» alguien del primer círculo debería ponerle sobre aviso de los riesgos que corren violando el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohibidos a hacer promoción personalizada con la investidura pública que poseen.
Quien ejerciendo una función pública de gobierno y aspire a competir para las elecciones de 2022, las de la 2023 y las de 2024, sobre todo estas en las que se elegirá también al próximo Presidente de México, tienen la advertencia legal de abstenerse de hacer promoción personalizada con lo que les ocupa en sus funciones.
Aspirantes y suspirantes deberían tener en cuenta el pequeño gran detalle de que igual hay una «Oficialía Electoral» entre las atribuciones del Instituto Nacional Electoral, que a una denuncia de parte puede documentar los actos ilícitos, motivando a una penalidad que va de la amonestación pública a la inhabilitación del aspirante a ser candidato al cargo que sea, considerando que las evidencias sean violatorias al Artículo 134 constitucional, realizar promoción personalizada con recursos públicos.
Aun cuando inscrita en el artículo 21 del Código Civil Federal, debe ser de observancia jurídica general que no por ignorar la ley, además por omisión, se le pueda excusar de la sanción que impone la misma.
En el ámbito electoral no hay margen alguno para incumplir la penalización de una eventual negativa legal a la aspiración de competir por un cargo popular, habiendo violado la Constitución y la Ley. El árbitro está obligado a ceñirse a los principios democráticos de «Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Objetividad y Máxima Publicidad», en la organización de los actos preparatorios a la renovación periódica de las Autoridades Públicas de Gobierno, Ejecutivas y Legislativas.
No por ser Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard o alguien más se les puede eximir de eventualmente imponer la sanción que corresponda, en su caso por incurrir en actos anticipados de campaña con su investidura y además con recursos públicos.
Una penalización que en estricto sentido de no admitírsele sus registros está en la mira, aun cuando por omisión del Constituyente Legislativo no halla emitido la Ley Reglamentaria al Artículo 134, que debió ocurrir al 31 de mayo de 2014, en términos del transitorio previsto por la Reforma Política del 10 de febrero de ese mismo año.
Parafraseando, la no emisión de la Ley Reglamentaria a la prohibición de hacer promoción personalizada con recursos públicos no tiene por qué eximir una inobjetable inhabilitación para competir en la elección para Presidente de México, o cualquier cargo; sea quien sea.
Bitácora
Tóxico, el narcisismo de la 4T
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