La Agenda en Red
La controversia que rodea la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de conceder un amparo a Lorenzo Córdova para que no aparezca descrito como “racista” en libros de texto de sexto grado, y el enojo acompañada de críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, exhiben una tensión previa y dudas al respecto: ¿qué peso deben tener la evidencia, el contexto y los derechos de las personas cuando se edita material educativo que llega a millones de estudiantes?
En primer lugar, la educación cívica moderna debe ser una tarea de neutralidad y rigor. Los libros de texto gratuitos no pueden convertirse en escenarios para batallas políticas; deben presentar hechos verificables y límites temporales claramente señalados.
La inclusión o exclusión de una afirmación sobre una figura pública debe obedecer a criterios pedagógicos sólidos: ¿contribuye a una comprensión más justa de la historia pública? ¿favorece el desarrollo de una ciudadanía informada y crítica? En ese marco, la verificación deben estar sobre la voluntad de notoriedad o de resolver disputas ajenas mediante la educación.
El segundo punto de la discusión es la procedencia de las pruebas que sustentan las afirmaciones. Si una afirmación en un libro de texto se apoya en fragmentos de conversaciones privadas obtenidas por vías aparentemente ilícitas, la legitimidad de ese uso se debilita sustancialmente.
Las pruebas obtenidas a expensas de la privacidad de las personas no son simplemente un detalle técnico: son salvaguardas fundamentales de derechos de personalidad, datos y honra. Utilizarlas para construir una narrativa educativa, especialmente una que puede estigmatizar y dañar a alguien públicamente, plantea un serio dilema ético y jurídico: ¿está la educación sirviendo a la verdad, o a una disputa que no pasa por la verificación adecuadas?
Este problema no es menor: cuando la educación se apoya en material que podría haber vulnerado derechos básicos, se erosiona la confianza pública en los libros de texto y, por consecuencia, en las instituciones que los aprueban.
Una ciudadanía que duda de la veracidad y la integridad de sus herramientas pedagógicas no solo desconfía de un dato aislado, sino de la capacidad de las instituciones para enseñar con responsabilidad. Y cuando esa desconfianza se acompaña de acusaciones de “censura” o de “partidarización” de la educación, el reto se agranda.
Va Directo.- Sigue pendiente la revisión de los libros de texto de primer, segundo y tercer grado de primaria que debe ser una prioridad para restaurar la confianza en las herramientas pedagógicas y asegurar un enfoque verificado por parte de los docentes y padres de familia y que al final eso motivó tanto libertinaje de los asesores venezolanos en la edición de los libros de texto. Sigue pendiente en La Agenda esa asignatura…
Acerca del autor
Jorge Núñez 
Daniel Castro 
Salvador Fernández Nieto