CARTA ABIERTA
Es un grave error ver la nueva amenaza de Donald Trump como simple retórica o un exabrupto. El mandatario estadounidense ha dejado claro que, ante lo que él percibe como una falta de resultados por parte de las autoridades mexicanas en la lucha contra el narcotráfico, Washington está preparado para actuar de manera unilateral, incluso por vía terrestre.
Tras clamar una supuesta reducción del 97 por ciento en el tráfico marítimo de drogas mediante operaciones de alta intensidad, ha anunciado que el enfoque ahora se traslada a la fuerza terrestre. El mensaje dicho en la Casa Blanca ante miembros de las fuerzas armadas es: si México no hace su trabajo, Estados Unidos lo hará.
El contexto actual agrava la desconfianza mutua. La acusación formal por parte de un tribunal federal de Estados Unidos contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, refuerza la narrativa en Washington de que el crimen organizado ha logrado capturar estructuras institucionales.
Si bien el gobierno morenista sostiene que no se han presentado elementos de prueba suficientes, en los círculos de poder estadounidenses crece la percepción de que la política de seguridad en México ha sido insuficiente o excesivamente tolerante. Incidentes previos, como la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua sin el conocimiento del gobierno federal, demuestran que la acción directa ya es una posibilidad que se explora en el terreno.
Donald Trump utiliza los recientes mensajes para preparar el camino y normalizar la idea de una intervención. Al señalar que oirá quejas pero que el trabajo debe realizarse, está elevando el costo político de la soberanía si esta no viene acompañada de resultados en seguridad.
La única respuesta efectiva ante la inminencia de una intervención es demostrar, con hechos verificables, que la 4T puede sanear sus instituciones y desarticular las redes criminales por cuenta propia.
La nueva advertencia debe ser tomada como una señal de máxima alerta. Si no hay mejores resultados, la posibilidad de una intervención militar contra los cárteles está cada vez más cercana.
Que haya una intervención no es cosa ya de simpatías políticas o partidistas, sino de una realidad que algunos todavía se niegan a aceptar.
Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que este enfoque es una vulneración inaceptable a la soberanía nacional, una posición que su gobierno continúa defendiendo con firmeza.



