Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
El asesinato de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz fue confirmado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz tras la revisión de sus restos calcinados en un predio de Moloacán. Ella fue secuestrada el 2 de junio en Nanchital, y fue la propia directora del portal Informativo del Sureste quien grabó el momento en que hombres armados derriban la puerta de su casa.
Esta evidencia generó indignación pública, echando por tierra cualquier intento oficial por minimizar el impacto del crimen. La investigación derivó en la detención de ocho personas, desnudando un entramado de complicidades oficiales.
Se descubrió que el aparato de seguridad local opera con las facciones del crimen organizado: por un lado, se capturó a cuatro civiles vinculados a células delictivas de la región, por el otro, también cayó el comandante policiaco Ismael «N» junto a tres agentes municipales de Ixhuatlán del Sureste. El informe judicial detalla que los uniformados daban recursos logísticos, vehículos y protección directa a los sicarios, y la policía local actuó como cómplice en la ejecución de la comunicadora.
Este nuevo crimen de un periodista profundiza la crisis política de Rocío Nahle, quien enfrenta duras acusaciones de organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, incluyendo a Artículo 19 y la CIDH. Los organismos señalan a la gobernadora de Veracruz de propiciar un entorno de persecución y estigmatización contra los medios, debilitando la protección y generando la impunidad ante las agresiones.
Veracruz es una de las zonas más peligrosas del continente para el ejercicio periodístico, acumulando 34 homicidios de comunicadores desde el año 2000. En 2026, la violencia suma tres muertes tras los asesinatos previos de Carlos Castro y Luis Ángel López Valdez en Poza Rica. Además, de los 12 asesinatos de mujeres periodistas registrados en el país, ¡cinco! han ocurrido en Veracruz.
El impacto social y político sitúa el caso en el terreno de los crímenes de Estado por la participación de agentes públicos. Si bien la detención de la célula material y los policías municipales es un avance, falta conocer el móvil del crimen e identificar a los autores intelectuales del asesinato de Roxana Guzmán.
La responsabilidad moral de este crimen recae en la gestión de Rocío Nahle. Al mantener una política de estigmatización contra la prensa, la gobernadora sigue generando el clima de vulnerabilidad que facilitó el asesinato. Esta hostilidad oficial es un permiso implícito para los grupos delictivos, validando la violencia contra los periodistas.
Acerca del autor
Luis Antonio Vidal 
Redaccion 