Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
Donald Trump ha lanzado un ultimátum a México: el combate al narcotráfico ya no puede quedarse en el decomiso de sustancias ni en la persecución de sicarios en las calles; ahora tiene que ir directo por los políticos incrustados en las estructuras de poder.
En su reciente Determinación Presidencial enviada al Congreso de Estados Unidos —un informe oficial que este miércoles acaparó las portadas electrónicas de los principales medios nacionales—, el presidente estadounidense elevó la presión.
Ciertamente, el documento reservó espacio para un abierto reconocimiento hacia la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por ejemplo, Washington aplaudió el incremento en las incautaciones de droga, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos, el refuerzo militar en la frontera y la cooperación de inteligencia que derivó en el abatimiento de El Mencho.
Sin embargo, tras el elogio vino el jalón: Trump exigió identificar, arrestar y procesar a los funcionarios públicos corruptos que protegen y colaboran con los cárteles, un reclamo que atañe a políticos de todos los partidos sin distinción alguna.
Esta demanda enciende las alarmas en Palacio Nacional.
Hasta ahora, la administración morenista ha mantenido una postura sólida frente a los señalamientos de Estados Unidos, negándose a extraditar o procesar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza, acusados junto con otros ocho funcionarios por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Frente al argumento mexicano de que no existen pruebas entregadas, la Casa Blanca ha dejado claro que el tiempo de las evasivas parece llegar a su fin.
El llamado del mandatario estadounidense es una indicación que no deja lugar a dudas ni a interpretaciones ambiguas.
Falta ver si Claudia Sheinbaum, con la encendida defensa de la soberanía donde proclama que México no se arrodilla ante nadie, da ese paso, tal como lo exige el presidente estadounidense.
: LA RÚBRICA
La declaración patrimonial de María Eugenia Romero Lozano, hija de Octavio Romero Oropesa, abre muchas preguntas. La presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Tabasco reportó ingresos por 2 millones 515 mil 588 pesos durante 2025. De esa cantidad, 1 millón 212 mil pesos aparecen bajo el concepto de “donaciones”. En su declaración de 2024 registró apenas 5 mil 283 pesos por ese mismo concepto. En un año, la cifra creció, mientras que sus ingresos también en más de 300 mil pesos por arrendamiento de un inmueble. El caso adquiere otra dimensión por el apellido Romero Oropesa. Su padre, director del Infonavit y exdirector de Pemex, declaró un patrimonio superior a 47 millones de pesos en medio de muchas dudas que siguen en el aire.
Acerca del autor
Jorge Luis Amésquita 
Sergio Garrido 