Jorge Núñez 
Carta Abierta
La declaración de Jorge Álvarez Máynez para exigirle a Samuel García que “dé la cara” por las presuntas triangulaciones millonarias de recursos públicos marca un cambio en la relación entre el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano y el gobernador de Nuevo León. Por primera vez, el respaldo partidista tiene una condición: responder ante las instituciones y explicar el destino del dinero público.
Lo dicho el domingo 8 tiene un peso mayor por la estrecha cercanía que existe entre ambos. Máynez y Samuel García han compartido proyectos, acuerdos y espacios de poder dentro de MC. Por eso, pedirle públicamente al mandatario que conteste es marcar una línea que hasta ahora no existía.
Hay aquí una diferencia con prácticas que durante décadas caracterizaron al viejo PRIAN y que también han aparecido en distintos episodios recientes de Morena: cerrar filas alrededor de un funcionario cuestionado, descalificar a quienes investigan y convertir cualquier señalamiento en una supuesta persecución política.
La dimensión del expediente ayuda a entender por qué el dirigente emecista optó por marcar esa posición. La ASF identificó operaciones por 7 mil 212 millones de pesos en la revisión de la Cuenta Pública 2025. Dentro de esa ruta financiera, el organismo reportó transferencias por cientos de millones hacia un despacho jurídico relacionado con Samuel García y su padre. El 16 de octubre presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.
A ello se sumó la denuncia de la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, contra el gobernador, su esposa Mariana Rodríguez y personas de su entorno familiar, para investigar posibles delitos como peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Samuel García, por su parte, volvió a difundir el 2 de noviembre un video publicado el 21 de septiembre, en el que sostuvo que ya había sido investigado. Pero la respuesta dejó pendiente el asunto central: explicar las operaciones detectadas por la fiscalización federal.
Máynez intentó equilibrar su postura al acusar a la ASF de querer «empatar el marcador» con los casos de Sinaloa y el INE, que atribuyó a Morena. Sin embargo, esa crítica no modifica la exigencia que dirigió a su propio gobernador.
El dato de fondo es que Samuel empieza a quedarse solo en un momento en que más necesita respaldo. Ni siquiera su cercanía con Máynez parece ya suficiente para conseguir una defensa incondicional ante tantas pruebas de corrupción.
Acerca del autor
Carlos Sáyago 
Sergio Garrido 
Mesa de Redacción