Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
Al salir al paso de los último sucesos violentos registrados en la Chontalpa, el gobernador ha reiterado que las corporaciones policiacas estatales y fuerzas federales están coordinadas, por lo que los operativos continuarán “hasta donde se tope”. La postura envía varios simbolismos, entre ellos que no hay pactos con la delincuencia y que la gestión ‘merinista’ está protegiendo a los tabasqueños.
El tema, como es de suponerse, es complejo, tal como se demostró la tarde del lunes, cuando la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad tuvo un fuerte desacuerdo con el sistema judicial federal.
Y es que luego de que en el “Operativo Cárdenas Seguro”, entre el 22 de septiembre y el 7 de octubre, fueran detenidas personas implicadas en hechos delictivos en la zona de La Chontalpa, un juez ordenó su liberación.
Esto originó un comunicado donde la Mesa condena enérgicamente la actuación del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Villahermosa, Luis Joel Escalante Pavía, quien liberó a siete personas detenidas el 6 de octubre por la violación de la Ley en materia de Seguridad y afectar el orden público que daña a los ciudadanos en el municipio de Cárdenas.
La Mesa advirtió que agotarán todas las vías legales para que se proceda conforme a derecho. Como se sabe, la Mesa es presidida por el Ejecutivo Estatal y en ella participan la 30 Zona Militar; la Armada de México; la Guardia Nacional; la Fiscalía General de la República; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado; la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Gobierno.
En una entrevista radiofónica, Carlos Merino advirtió que su Gobierno no tolerará ningún evento violento ni cederá ante ningún grupo delictivo, por lo que expresó a la ciudadanía que las autoridades tomarán acciones inmediatas en Cárdenas y donde sea necesario para contrarrestar cualquier nuevo hecho delictivo y garantizar la tranquilidad.
Al hacer un balance de las acciones emprendidas en municipios de La Chontalpa, dijo que los eventos violentos surgidos a partir del 22 de septiembre son reacciones ante las acciones tomadas por la Mesa de Seguridad.
“Hay reacciones de estos grupos criminales, porque se han dado golpes, se han capturado a delincuentes y son reacciones, son formas de llamar la atención”, sostuvo el mandatario. Aseguró que las corporaciones estatales y federales cuentan con todo su respaldo.
Insiste Merino en que las reacciones del crimen se deben a que en los últimos cinco años de han reducido los delitos de alto impacto: extorsión, del primer lugar en el país, se redujo al lugar 15; feminicidio, del segundo al sitio 19; robo a comercio, del sexto al 20 y en secuestro, la reducción de casos es de 90 por ciento.
Sin embargo, desde hace dos meses, ciudadanos de La Chontalpa manifestaron su preocupación por un ambiente de inseguridad, y ello llevó a realizar varias capturas. El el 22 de septiembre, en un predio en la zona rural de entre los límites de Cárdenas y Huimanguillo, se detuvo al líder de una de las bandas que opera en La Chontalpa, lo que desató que integrantes de ese grupo quemaran vehículos en varios tramos carreteros.
Y la quema de tres autos el pasado fin semana en Cárdenas la hizo una banda local en represalia por la detención de ocho de sus integrantes, a manos de las fuerzas federales y estatales.
Dicho por Merino, en la madrugada del viernes se detuvo a ocho personas, cinco hombres y tres mujeres, con 11 armas largas, dos armas, dos armas largas más un lanzagranadas, 18 cargadores, tres vehículos y 30 equipos telefónicos. De ellos, dos son hondureños y dos mujeres colombianas.
El caso es que también hubo un conato de incendio en una gasolinera de la carretera Villahermosa-Cárdenas, a la altura del tramo Samaria, y el de una tienda de conveniencia, en Macuspana. También por represalias ante la captura de jefes de esas bandas.
Aunque no es consuelo ni nada que se le parezca, la violencia de alto impacto se concentra Huimanguillo y Cárdenas, que es donde se han dirigido por ahora los operativos de las fuerzas federales y estatales, pero ello no significa que pueda dejarse exentos a los municipios de Cunduacán y Comalcalco.
Esta crónica de hechos realizada por el gobernador deja varias lecturas: 1) el crimen organizado se remite a bandas locales, 2) hay criminales centro y sudamericanos que están operando en complicidad con estos grupos , 3) el gobernador ha decidido hacerles frente con toda la fuerza del estado, 4) a pesar de la gravedad del caso, en Tabasco no tienen presencia los cárteles delincuenciales, como los conocidos a nivel nacional, léase CJNG, Cartel del Golfo, Los ‘Chapitos’ y demás.
Ahora se enfrenta la corrupción y complicidad de jueces federales, como Joel Escalante, quien liberó a todos los detenidos el fin de semana en posesión de un arsenal de armas.
Carlos Merino advirtió que el Gobierno de Tabasco junto con las fuerzas federales de seguridad, como es la Sedena, harán las apelaciones hasta donde sea posible, y además, continuarán con sus operativos, para demostrar que se está del lado de la ciudadanía.
“No vamos a ceder ni un milímetro”, es lo que ha dicho Merino. Y hay que creerle.
Acerca del autor
Daniel Castro 
Salvador Fernández Nieto