La austeridad republicana, el ahorro en el Gobierno mexicano, ha sido aplicada por López Obrador como su manera de acabar con el lujo y despilfarro de las instituciones gubernamentales, incluyendo el recorte de salarios a los medianos y altos funcionarios. Sin embargo, la actual condición de crisis en Tabasco, por el COVID y la inundación, obliga a hacer una profunda revisión a efecto de ponerla en hibernación.
La idea de seguir ahorrando recursos tendrá que reencauzarse si se busca revertir la crisis económica que agobia a Tabasco con el cierre de empresas y miles de despidos.
La nueva proyección no será tan sencilla si se tiene en cuenta que el ahorro del Gobierno mexicano está regulado en la Ley Federal de Austeridad Republicana. Y no, no es que el afán sea erróneo, sino que ese objetivo genera muchas veces la falta de dinamismo de la inversión pública, una de las principales creadoras de proyectos y fuentes de trabajo.
Los economistas saben muy bien que los recortes en gastos de luz, viáticos, transporte, telefonía, alimentación, mobiliario, equipo de telecomunicaciones, papelería, cursos, pasajes, congresos, seminarios, combustibles, material de papelería, etcétera, ‘pega’ también a esa parte de la economía que suministra estos bienes y servicios. Y estas compañías privadas crean millones de empleos en el país.
Muchos opinan que los problemas que enfrenta el país en salud, seguridad, cultura, deporte, entre otras, se debe a recortes y a controles que se han convertido en frenos para el gasto.
El portal de noticias Infobae ha publicado que el “ahorro y más ahorro” ha llevado a recortes de personal y más recortes de personal al servicio de los gobiernos federales y estatales. Por ejemplo, la Ley de Austeridad Republicana ordenó el recorte de personal de confianza. Toda aquella persona contratada a partir del 1 de diciembre de 2018 en alguna plaza permanente, eventual o de honorarios fue separada de su cargo.
Ahorrar y controlar en exceso el gasto llega incluso a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres, como puede verse en el sector salud con la falta de medicinas en hospitales.
Infobae igual ha publicado declaraciones con especialistas financieros que hablan de la necesidad de invertir en salud, porque los gobiernos progresistas gastan en la materia. Esa austeridad llevada al exceso está obligando a los más pobres a atenderse en la salud privada, a hacer rica a la atención médica privada y que los medicamentos sean una mercancía cuando deben ser un derecho.
En medio de este contexto, el Gobierno morenista de Tabasco debe plantearse revisar el actual esquema a fin de flexibilizar la Ley de Austeridad y permitir la reactivación económica. No sólo van a necesitarse cientos de millones de pesos para apoyar a las decenas de miles de afectados por las inundaciones, sino que también deberá invertirse en obra pública.
Los ciudadanos que lo perdieron todo incluye a muchos micro y pequeños comerciantes. Ellos van a requerir de programas oficiales de apoyo. El desastre dejado por esta nueva inundación se suma a las graves secuelas económicas dejadas por la pandemia y esto exhibe un panorama especialmente crítico en Tabasco.
Ahora bien, cualquier programa de reactivación de la economía de Tabasco será imposible de lograr sin el respaldo de López Obrador. Los tabasqueños esperan todo de él.



