CÁBALA
Dos acontecimientos relacionados con medios de comunicación y redes sociales en México, marcaron la ruta que la 4T abrió como debate extraordinario, en cuanto al uso del internet y las plataformas digitales que periodistas independientes han reproducido en el país en los últimos 30 años.
La primera de ellas fue la vinculación a proceso -y como medida cautelar suspender actividad periodística por dos años y multa de dos millones de pesos- que la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada en el estado de Campeche, emitió el pasado viernes 13 de junio contra el periodista independiente Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna.
La medida extensiva a Isidro Yerbes, representante de la Organización Editorial del Sureste, empresa editora de Tribuna, fue solicitada por le gobernadora de Campeche Leyda Sansores, quien acusó insultos y difamaciones en redes sociales en su contra.
La segunda ventana a discusión nacional, es la reforma que “reculó” el día de ayer el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, por la aprobación de la reforma al código penal para la aplicación del delito de “ciberasedio” -mejor conocida como “Ley Censura”-, la cual contempla hasta 3 años de prisión y multas de hasta 40 mil pesos, a quienes incurran en ofensas y agravios en medios digitales; hasta por la difusión de “memes”.
En ambos escenarios, activistas sociales, defensores de los derechos humanos, articulo 19, la Fapermex y la Federación Latinoamericana de Periodistas, han coincidido en que las medidas para combatir la “delincuencia cibernética” cometidas contra la población, está siendo utilizada para disfrazar una “Ley Censura Nacional” para protección de funcionarios y políticos.
En Puebla, la reforma al Artículo 480 del Código Penal establece castigos quién a través de la utilización de tecnologías de la información y comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, insulte, injurie, ofenda, agravia o veje a otra persona, lo que al igual que en el Estado de Campeche, iría dirigido específicamente a periodistas.
En el ámbito nacional, desde el 2018, las propuesta para regular internet y sancionar los “ciberinsultos”, han sido frecuentes, a partir de la desaparición en los códigos penales del delito de difamación.
Este nuevo embate oficial, no podría descartarse desde luego como un distractor nacional a manera de despresurizar los problemas torales por los que atraviesa el país en materia de seguridad y economía.
Por lo pronto en Puebla, todo parece indicar que el equipo del gobernador está analizando la adecuación de una contrareforma a su llamada “Ley Censura”, luego del anuncio de un foro de discusión a parlamento abierto, para -presuntamente- dar marcha atrás a la medida.
En “contraparte”, la llamada “reyna de las memes” en Campeche, estaría en resistencia oficial para diferir la embestida penal contra periodistas que critican su manera de gobernar, lo que llamaría también a la prensa nacional e internacional, a tomar la costa peninsular como la capital de la defensa periodística en las próximas semanas.
Veremos.
Kybalión.- En la LXVIII legislatura tabasqueña, fue la entonces diputada Sheyla Cadena – hoy titular de medio ambiente y energía- la que presentó una ley contra el “ciberacoso”, dirigida en ese entonces a la penalización de “troles” y plataformas digitales “hechizas” que reprodujeran imágenes, videos no autorizados e insultos o injurias por internet.
La iniciativa de reforma la presentó la entonces legisladora, luego del “robo” de su “lap top” en el aeropuerto de Villahermosa.
La propuesta quedó desde ese entonces en la “congeladora legislativa”.
¿Se arriesgará la LXV legislatura choca en esta ocasión a seguir la ruta de Campeche y Puebla?
Digo aprovechando el envión…
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