Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
La fuga en el oleoducto Abkatun-Pol-Chuc de Pemex ha generado daño ecológico, pero también un crítico episodio de opacidad que ha vuelto a poner en duda la confianza en la empresa del Estado.
Desde el inicio de la contingencia, la narrativa oficial se centró en una renuencia a admitir su culpa. Y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, dio la nota al calificar la presencia de crudo en las playas como “simples gotitas”. Esta declaración, que quiso minimizar la magnitud del desastre, fue acompañada por la hipótesis de que el responsable era un barco fantasma vinculado a contratos de la gestión de Enrique Peña Nieto. Esta postura evitó durante semanas una discusión objetiva sobre el mantenimiento de la infraestructura submarina y la responsabilidad de la paraestatal.
Sin embargo, los hechos terminaron por imponerse. Organizaciones como Oceana y diversos reportes científicos confirmaron que la descarga se produjo en un ducto de 36 pulgadas de la empresa pública y que el hidrocarburo fluyó durante ocho días antes de que se cerrara la válvula principal. Los datos contradicen la versión de un incidente menor: la recolección de 915 toneladas de residuos y la afectación de hasta 900 kilómetros de litoral confirman que tuvo alcances profundos
Las contradicciones han sido aprovechadas por la oposición. Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, criticó lo que llamó una narrativa falsa diseñada para desviar la atención y eludir responsabilidades. Asimismo, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que la simulación y la opacidad son inaceptables ante una crisis que provocó la muerte de fauna marina, como tortugas y delfines, y daños en 17 arrecifes de coral.
Incluso el director general de la petrolera, Víctor Rodríguez Padilla, reconoció que se le ocultó información sobre las maniobras de reparación, lo cual derivó en el cese de dos altos funcionarios. Esta aceptación de negligencia interna valida los señalamientos de la oposición y de las comunidades pesqueras afectadas en Veracruz y Tabasco. Ninguno de estos dos últimos mintió por razones políticas, tal como acusaron desde el oficialismo.
Algo es evidente: el retraso en la admisión de la responsabilidad hasta el 17 de abril es un fallo institucional. El intento de atribuir el derrame a emanaciones naturales, barcos fantasma o chapopoteras terminó por ser insostenible.
Lo deseable es que Víctor Rodríguez, así como todo el oficialismo en general, hayan aprendido la lección. Al público no se le debe ocultar información crítica de interés general, y tampoco se deben disfrazar los hechos. Al final, el costo de semejante estrategia es contraproducente.
Acerca del autor
Daniel Castro 
Salvador Fernández Nieto