CARTA ABIERTA
El actual debate sobre las finanzas de la Feria Tabasco 2026 expone dos posturas contrapuestas desde el primer vistazo. Por un lado, el periodista Audelino Macario reveló en Telerreportaje un presunto sobrecosto de 47.3 millones de pesos en la contratación de la cartelera artística mediante un intermediario oculto. Por el otro extremo, la titular de la Secretaría de Turismo, Katia Ornelas, defiende la legalidad de los gastos y justifica los pagos a partir de los costos logísticos de producción.
Ambas versiones están en el centro del escrutinio público para conocer el destino del dinero estatal, que al fin y al cabo es el dinero de todos los tabasqueños.
La indagación del comunicador desglosa un gasto total de 107.4 millones de pesos en los shows musicales. El reportero basa sus conclusiones en un estudio de mercado (avalado por promotores capitalinos) para fijar el valor comercial de los artistas en apenas 60 millones de pesos.
Las diferencias son grandes al revisar las cifras presentadas en la emisión radiofónica. Los registros del gobierno muestran pagos a Los Tigres del Norte por 15 millones de pesos frente a una cotización real de 8.36 millones. El contrato de Enrique Iglesias alcanza los 25 millones, cifra muy superior a los 17.6 millones de su tarifa regular. Grupo Frontera aparece con 17 millones frente a los 9.5 millones habituales, al igual que el Grupo Cañaveral, registrado con 5.2 millones para duplicar su valor comercial. Natalia Jiménez figura con 3.6 millones de pesos, el doble de su precio regular.
El talento local tiene la misma distorsión, con comediantes tasados en 1.2 millones de pesos frente a un costo real de 60 mil pesos, o espectáculos como el de Nelson Kanzela y Alfredo El Pulpo con facturas de 3.6 millones, muy por encima de las valoraciones normales.
Además, el documento oficial entregado vía transparencia omite por completo el nombre del proveedor, su registro federal de contribuyentes y el domicilio fiscal.
Ante tales acusaciones, la secretaria de Economía, Katia Ornelas, emitió un comunicado para rechazar cualquier anomalía. Ella sostiene la existencia de contratos apegados a la rendición de cuentas. Según sus explicaciones, los montos cuestionados rebasan el simple pago de los honorarios artísticos para abarcar un equipo técnico total.
Este despliegue incluye escenarios, equipos de audio, video, iluminación, seguridad, seguros, transporte y hospedaje para eventos de gran escala. La secretaria avala el éxito del festejo con la cifra de 1.8 millones de visitantes a la Feria y una ocupación hotelera superior a la mitad de su capacidad.
Ella defiende el derecho ciudadano a la recreación gratuita, y garantiza el manejo transparente de los recursos para escuelas, hospitales y programas sociales.
Para atizar la discusión, el periodista respondió a este comunicado oficial, calificándolo como un mero discurso demagógico. Él exigió la presentación de los documentos con el desglose exacto de los cobros individuales por cada artista, acusando a las autoridades de cobrar en exceso bajo el argumento de ofrecer espectáculos gratuitos, y reafirma la inclusión de los vuelos y traslados dentro de sus cálculos originales.
El cruce de declaraciones pone cara a cara las cifras de los sobreprecios, ya que se está hablando sobre el uso de los recursos públicos obtenidos del pago de impuestos de los contribuyentes. Al final, con los datos cruzados y las facturas sobre la mesa, ¿quién dice la verdad en este duelo de versiones sobre el uso de fondos públicos?



