CÁBALA
Creado por las fuerzas federales en 2024 a raíz del hallazgo de restos humanos en distintos puntos de Nicolás Romero, en el Estado de México, la “Operación Enjambre” que ha sumado ya la detención de 85 funcionarios detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, mantiene dos variantes de ejecución directa: Policías en activo vinculados con el crimen organizado y alcaldes en funciones relacionados con estos eventos.
PAN, PRI, PRD y últimamente MC desde Tabasco, han señalado efectos políticos en su ejecución, sin embargo, este esquema ha desmantelado seis ayuntamientos en el país gobernados por Morena o sus aliados.
Diego Rivera Navarro, Alcalde de Tequila, bajo señalamientos de probable nexos con el CJNG; Gerardo Cortés Caballero por el PT alcalde de Cuatempan, Puebla; Ernesto Cruz Díaz alcalde de Cintalapa, Chiapas; Emilio Vázquez, alcalde de Zapotitlán, Puebla; Iván Guadalupe López Colín , alcalde de Chucándiro, Michoacán; y Ricardo Pérez García, alcalde de Rio Blanco, Veracruz, estos dos últimos, por portación de armas de uso exclusivo del ejército.
A la lista se suman por el PRI, PAN y PRD Agustín Toledano, presidente municipal de Atlatlahucan, Morelos; Irving Sánchez, exalcalde de Yecapixtla y Pedro Luis “el wuicho” alcalde electo de santo Tomas Estado de México.
Sin aparecer el alcalde Alfonso Baca Sevilla y con las autoridades federales manteniendo el sigilo de las investigaciones en su contra, “ El caso Paraíso” se ha colocado en la agenda nacional, casi simultáneamente con el tema de las visas del cachorro de la transformación Andy López Beltrán.
El binomio Política y Crimen Organizado, se ha ido insertando en temas nacionales ( e internacionales) desde los tiempos del viejo PRI, no es en sí, un “proceso” novedoso; sin embargo, algunas precisiones deben señalarse en medio de todo ésta “colmena” de información, marchas, posicionamientos y acusaciones que han surgido en el trópico.
Oficialmente la información oficial de estos operativos, surgen desde palacio nacional y ante la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por parte desde luego del llamado superpolicía Omar García Harfuch, dentro de la denominada Estrategia Nacional Contra la Extorsión.
El objetivo es directo: identificar y detener a servidores públicos presuntamente relacionados con organizaciones criminales, desarticulando estructuras donde autoridades habrían utilizado cargos para brindar protección a organizaciones delictivas o participar directamente o indirectamente en delitos como extorsión, secuestro, homicidio y delincuencia organizada.
En este contexto, aun con la defensa de MC al alcalde, no se debe soslayar la “videodeclaración” de Baca Sevilla, reconociendo la ejecución del “operativo enjambre” en su contra y de funcionarios de su gabinete, bajo la investigación FEDTABVHS/00749/2026 por presunta posesión de narcóticos, posesión ilícita de hidrocarburos, uso ilícito de atribuciones y facultades, tortura y portación de armas de uso exclusivo del ejército.
MC por tanto tanto, evade u olvida el antecedente: La detención en abril pasado del subsecretario de seguridad pública municipal Rubicel “N”, señalado por tres actores materiales de ser actor intelectual en la ejecución de dos policías en activo de su corporación.
¿Cuál sería lo grave en todo este escenario, teniendo como referencia que funcionarios de todos los partidos políticos gobernando están bajo sospecha?.
Tampoco es descubrir el hilo negro: Confirmar la intervención de los cárteles y grupos criminales en los procesos electorales y la postulación de candidatos con financiamiento ilícito para controlar plazas.
Cambiar de color o de partido, también se les da.
¿Quién Sigue? Sería la incógnita a despejar.
Kybalión.- Rocha Moya reculó y Claudia Sheinbaum retomó el control presidencial: ¿Sana distancia? … ¿O se vislumbra el famoso rompimiento?
¡¡¡Aguas!!!

