Para Usted
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¿Cuándo una instancia gubernamental o el mismo gobierno (cualquiera de sus tres poderes), queda en evidencia?, cuando tiene determinado comportamiento aparentemente correcto, pero por diversas causas y motivos, lo hace de manera tal, que queda al descubierto ante toda la sociedad, que no es como presume ser, por lo tanto, queda al desnudo o expuesto.
¿Qué es la duda razonable en materia penal o de jurisprudencia? – en esencia y de acuerdo a lo consultado, este concepto se refiere a la facultad que tiene un juez de declarar que no existen suficientes pruebas o evidencias claras de la existencia de un delito o la participación de una persona en un determinado hecho.
¿Ejemplos? – lo que para algunos puede resultar indudable, para otros, no tanto. Por ejemplo (válgase la redundancia), se encontró un cadáver con ADN del acusado, pero él sostiene que no fue el asesino, sino que quiso socorrerlo, pero luego se asustó y huyó; o se descubre a una persona portando algo robado, pero él dice que lo encontró.
Dicho en términos juristas, en cualquier caso, la duda razonable tiene como intención aplicar la ley de manera imparcial y efectiva, procurando garantizar que nadie sea señalado como culpable sin que existan méritos suficientes para desproveer de su presunción de inocencia. Avoquémonos.
El documental o serie de Netflix denominado “Duda Razonable”, puso al descubierto las formas incorrectas con las que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) aplica la justicia en Tabasco; verbi gracia la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; y la Fiscalía General de la entidad.
Pero también vulnera al último reducto de moralidad que tiene o que le queda a este sistema del ejercicio del poder; Don Enrique Priego Oropeza, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y salpica a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a cargo de José Antonio Morales Notario, de reciente nombramiento en este cargo.
Queda claro y es de la más elemental justicia reconocer que los hechos que se imputan en la serie, no corresponden a los tiempos actuales de Enrique Priego Oropeza, Nicolás Bautista Ovando, Hernán Bermúdez Requena y José Antonio Morales Notario (por citar algunos); sin embargo, no exime de responsabilidades a las instituciones que representan.
Y lo anterior, puesto que las personas acusadas, continúan privadas de su libertad en el CRESET; la Juez o fiscal de este caso, es ahora importante funcionaria de la CEDH; el TSJ tiene un Consejo de la judicatura que revisa los expedientes constantemente y la actuación de los jueces; personal de la SSPyPC y FG (policías, secretarios, agentes del Ministerio Público y demás), siguen trabajando normalmente en las dependencias.
De la misma manera, no se puede perder de vista o hacer a un lado, que los hechos sucedieron en el municipio de Macuspana, tierra natal del actual presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador; y del secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández; y que el mismo Ejecutivo Federal a dicho en varias ocasiones que la transformación no se logrará hasta que la aplicación correcta de la justicia sea una realidad.
Insistimos, se exhibe al sistema de impartición de justicia de la entidad, al grado de poner al descubierto las prácticas cotidianas de torturas, simulaciones, mentiras, engaños, “armado” de expedientes y silencio cómplice (el que calla otorga).
Y es que, con dudas, no se puede ni debe consignar a nadie; no puede haber un proceso con tanto desaseo; ¿imagínense ustedes que el caso de estas personas privadas de su libertad, vaya a revisión directa en el Colegiado de Circuito y que esta instancia determine que hubo vicios e inconsistencias en el armado del expediente?; estas personas tendrían que ser puestas en libertad inmediata y reclamar la reparación del daño a las instituciones. ¿Pero, qué necesidad?
En La Línea de Fuego** La resolución de un Tribunal Colegiado con sede en Villahermosa, en el caso de las personas detenidas por los hechos que dieron luz a “Duda razonable”, podría producirse entre finales del presente año 2021 e inicios de 2022** Darwin Morales, es el único de los cuatro que logró salir en libertad** Juan Luis López, Gonzalo García y Héctor Muñoz fueron condenados a 50 años de prisión. Su defensa presentó un amparo contra esa sentencia.
En La Línea de Golpeo** Por lo mismo, quien actuó en este caso y ahora, según comentan, trabaja en la CEDH, por salud personal e institucional de la dependencia, deberá separarse de su cargo, hasta que no se aclare del todo este caso** María del Rosario Delfín, fue la fiscal del caso, pero al parecer ya no trabajo ahí (FG).
Los Malosos** con toda seguridad todo lo referente a Duda Razonable, será abordado más tarde que temprano en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que será interesante conocer su opinión y del secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández,
Jaque Mate** la jueza de este caso, Maritza Medina Custodio, actualmente es secretaria ejecutiva de la CEDH (organismo público autónomo) ** por cierto, sobre esta persona pesan señalamientos en el sentido de que, además de laborar, es proveedora de recursos materiales de la CEDH** el tema dará mucho más de que hablar** hasta el lunes Dios mediante.