VILLAHERMOSA, TABASCO. — El Colegio de Abogados Tabasqueños (CAT) ha denunciado un desacato por parte del Congreso del Estado de Tabasco respecto a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en octubre de 2024. Según el gremio, la reciente reforma al Artículo Octavo Transitorio de la Ley de Seguridad Social del ISSET, publicada el pasado 11 de abril de 2026, constituye una simulación jurídica que vulnera los derechos de miles de trabajadores estatales.
El conflicto jurídico se remonta a la ley de 2015, cuyo texto original obligaba a los trabajadores que no habían alcanzado el derecho a la pensión bajo el régimen anterior a apegarse estrictamente a las nuevas —y más rigurosas— disposiciones. En 2024, la SCJN declaró inválida dicha norma, ordenando al legislador local crear un régimen de transición que protegiera la antigüedad de quienes han cotizado la mitad o más de su vida laboral.
Sin embargo, el nuevo Decreto 253, aprobado por el Congreso local sin votos en contra, ha sido calificado como un acto de «continuismo». Aunque el nuevo texto menciona el reconocimiento de periodos de cotización anteriores, el CAT advierte que, en los hechos, mantiene a los empleados sujetos a los requisitos de edad y tiempo de servicio de la ley impugnada, invirtiendo el sentido de la protección ordenada por el máximo tribunal del país.
Ante este escenario, la estrategia jurídica de la defensa contempla tres frentes críticos:
1. Recurso de Incumplimiento: Se solicitará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que peticione ante la SCJN se declare como «no cumplida» la sentencia de 2024.
2. Juicios de Amparo: Se insta a los trabajadores afectados a buscar la protección de la justicia federal invocando los principios de irretroactividad y progresividad de la ley, además del Convenio 102 de la OIT.
3. Internacionalización: El CAT prevé escalar el conflicto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en caso de que las instancias nacionales validen la reforma, citando jurisprudencia favorable en países como Colombia y Argentina.
El Colegio también ha comunicado esta situación a la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM), buscando el respaldo de 400 organizaciones nacionales. La disputa pone bajo la lupa el modelo de «humanismo mexicano» aplicado en la entidad, mientras la incertidumbre sobre la jubilación digna crece entre la burocracia tabasqueña.

