Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
Al menos en la retórica, Ariadna Montiel ha anunciado una depuración ética dentro de Morena de cara a las elecciones de 2027. El eje central de su discurso de toma de posesión como dirigente nacional fue la exigencia de una “trayectoria impecable” para todo candidato en las urnas.
La advertencia fue directa: ganar una encuesta interna ya no será un salvoconducto para perfiles cuestionados. Es decir, si existe certeza de corrupción, la candidatura será vetada, incluso si el aspirante cuenta con el respaldo popular en los sondeos.
Este endurecimiento del discurso ocurre en un momento de vulnerabilidad política, por las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Izunza por presuntos nexos con el crimen organizado.
Aunque la narrativa oficial califica estos señalamientos como injerencismo, el mensaje de Montiel intenta blindar a su partido frente a futuros escándalos de la misma naturaleza. La nueva dirigencia ha señalado que no se tolerará la corrupción en ningún gobierno emanado de sus filas, haciendo un llamado a la militancia para un examen de conciencia y denunciar irregularidades.
Sin embargo, entre el discurso político y la realidad del día a día existe una brecha que Morena ha tenido dificultades para cerrar. La promesa de cero tolerancia a la corrupción se ha escuchado antes, mientras que la práctica ha mostrado a menudo una incongruencia entre lo que se dice y lo que se ve.
La exigencia de antecedentes limpios, que enfatizó también Olga Sánchez Cordero en la toma de posesión, choca con la realidad de un partido que ha integrado cuadros de diversos orígenes, no siempre con principios éticos.
Para que esta nueva etapa sea creíble, deberá demostrarse que el filtrado de candidatos es un ejercicio genuino de rendición de cuentas. El 2027 pondrá a prueba la solidez de este compromiso.
Con 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados en las boletas, Montiel deberá demostrar que su dirigencia quiere en serio llevar el discurso a los hechos. De lo contrario, la exigencia de una “trayectoria impecable” quedará reducida a una simulación más.
:LA RÚBRICA
Aunque Rubén Rocha afirmó que se retira para no dañar al movimiento y para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República, el peso de la acusación por narcotráfico es evidente. La salida parece más un intento de cocerse en su propio caldo político antes de enfrentar la justicia estadounidense. A su lado, el senador Enrique Inzunza intenta resistir desde la trinchera del fuero legislativo. A pesar de los señalamientos que también lo vinculan con estructuras delictivas, Inzunza se niega a renunciar, escudándose en una supuesta defensa de la soberanía nacional frente a la actuación de la CIA en el estado de la panista Maru Campos. Sin embargo, la presión interna, como la de la senadora Guadalupe Chavira, señala que el respaldo dentro del partido ha desaparecido. Mientras tanto, Yeraldine Bonilla Valverde, a quien Rocha alguna vez minimizó llamándola meserita, asumió el poder interino. Con Juan de Dios Gámez Mendívil también fuera de la alcaldía de Culiacán por acusaciones similares, la extradición es un cierre que parece iinevitable para todos los acusados.. Durante el Consejo Nacional de Morena para elegir a la nueva dirigencia, diversos militantes exigieron condiciones equitativas para las encuestas que definirán las candidaturas. Afuera del World Trade Center, los simpatizantes demandaron mediante una lona la renuncia de aquellos funcionarios que busquen participar en las próximas elecciones. Una manifestante pidió que renuncien funcionarios de primer nivel, diputados y coordinadores estatales o municipales para establecer un piso parejo frente a otros militantes. Esta petición surge debido a que quienes ostentan cargos públicos tienen una ventaja de visibilidad en medios de comunicación de la que carecen los militantes de base. Asimismo, se solicitó al partido mayor claridad sobre el funcionamiento de las encuestas, incluyendo las fechas, los nombres de los contendientes y la logística para realizar aproximadamente 7,000 encuestas en todo el territorio nacional. Estas protestas reflejan las tensiones internas ante el proceso electoral intermedio.
Acerca del autor
Daniel Castro 
Salvador Fernández Nieto