Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
El hallazgo de diez cuerpos ejecutados el 18 de julio —cinco de ellos suspendidos con cuerdas en el puente vehicular de la carretera federal 54, a la altura de la comunidad Pozo de Gamboa, en el municipio de Pánuco, Zacatecas— dinamitó cualquier narrativa oficial de pacificación por parte del gobernador David Monreal.
Las víctimas no eran delincuentes comunes: Ignacio «Nacho» Castrejón Valdés, exalcalde panista de Sombrerete; Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo; el bombero Jesús Gerardo Muñetón, y empresarios locales.
Las cartulinas los acusaban de desviar recursos, pero la verdad emergió con un video de facciones del Cártel de Sinaloa (Los Mayos y Los Cabrera). En el, los sicarios confesaron la autoría del crimen y exigieron a David Monreal «cumplir y respetar los acuerdos que tiene su gabinete» con su organización.
Que un cártel reclame públicamente pactos rotos aviva la sospecha de complicidad en ese estado. El impacto para el mandatario estatal y su hermano, el diputado Ricardo Monreal es evidente. El control del feudo familiar se tambalea ante la presunción de que la gobernabilidad zacatecana no se legisla, sino que se negocia con el crimen.
Pese a la magnitud de la ejecución de figuras públicas y empresarios, la fiscal general Ernestina Godoy ha evitado iniciar una investigación de fondo. La FGR ha decidido mantener el caso congelado en la fiscalía local bajo la narrativa de «extorsiones», operando un blindaje político para, dicen, proteger a los Monreal.
Este escándalo de narcopolítica debilita al gobernador David Monreal, y destruye también al senador Saúl Monreal Ávila, quien aspira a la gubernatura de ese estado.
Con un cartel exigiendo el cumplimiento de acuerdos, el capital político de los hermanos Monreal queda reducido, expuesto ante una ciudadanía que reclama el que su estado sea gobernado, supuestamente, desde las mesas de negociación del crimen organizado.
: LA RÚBRICA
El despojo de viviendas en la Ciudad de México alcanzó en el primer semestre de 2026 un total de 1,966 denuncias ante el SESNSP y 1,846 carpetas de investigación en la Fiscalía local. Este delito ya ha sido bautizado por los ciudadanos como el Cartel del despojo. La red criminal actúa en colusión con funcionarios, policías y servidores públicos que filtran información sobre inmuebles vulnerables o intestados. Sin este acceso a padrones y catastros, sería imposible que la mafia operara con impunidad. Estas invasiones, que tienen a personas de la tercera edad como otros de sus objetivos, han aumentado con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien ha tenido de aliado al incompetente secretario de Gobierno, César Cravioto.
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Sergio Garrido 
Redaccion 
Victor Manuel Acosta