Jorge Núñez 
Carta Abierta
Bajo el argumento de regular la propiedad industrial y evitar el uso indebido de logotipos oficiales, avanza en el Congreso de la Unión la iniciativa bautizada como la Ley Antimemes, misma que será presentada este jueves para su aprobación en San Lázaro. Los analistas, en su mayoría, coinciden en que no debe ser aprobada, pues es un retroceso para la democracia y para el derecho ciudadano a la crítica y al humor político.
A ver, a ver. Buscar enterrar la sátira política parece ser una equivocación que no le viene nada bien a la imagen de Morena y de sus aliados del Partido Verde y del PT, cuyo discurso se ha centrado siempre en la libertad de opinión (aunque muchos de sus gobernadores hayan ido en sentido contrario en sus estados).
Y es que el alcance de esta legislación excede el combate al fraude comercial. Las modificaciones al artículo 403 bis de la Ley de Propiedad Industrial contemplan penas de tres a siete años de prisión, mientras que las reformas a los derechos de autor proponen hasta diez años de cárcel y multas de hasta 4.7 millones de pesos. Estas sanciones van contra creadores digitales, pero también afectan a caricaturistas, humoristas, programas de televisión, locutores de radio y a cualquiera que haga o comparta un meme o una parodia sobre las autoridades.
El vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, asegura que la medida busca proteger la imagen institucional y evitar engaños a la población. Sin embargo, voces del periodismo y la oposición han encendido las alarmas.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, advirtió que la redacción actual abre la puerta a la censura, mientras que el caricaturista del periódico El Economista, Chavo del Toro, denunció que esta reforma coloca más piedras en el camino para el ejercicio libre del periodismo gráfico y la caricatura política.
Resulta irónico que un gobierno surgido de la izquierda promueva una medida de este calibre. Desde la oposición y la lucha popular, la izquierda mexicana siempre aplaudió e ideologizó la sátira política como una herramienta contra el autoritarismo.
Basta recordar cómo se criticaba al régimen de Porfirio Díaz a través de las muescas y caricaturas publicadas en diarios emblemáticos como Regeneración, impulsado por los hermanos Flores Magón, una gesta que el propio oficialismo suele ensalzar en sus discursos.
Criminalizar hoy la parodia gráfica es darle la espalda a esa memoria y recurrir a las viejas mañas del PRI de antaño, aquél México autoritario en el que no se podía tocar ni criticar al presidente o a sus funcionarios.
La iniciativa, no hay duda, debe modificarse.
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Luis Antonio Vidal 
Redaccion 
Sergio Garrido