CARTA ABIERTA
La administración de Yolanda Osuna en Centro ha emprendido una transformación que está redefiniendo el concepto de política en Tabasco, enfocándose en resultados que pocos podrían cuestionar.
El logro más reciente es el reconocimiento en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios (ITDIF-M) 2024.
Centro escaló al sexto lugar entre los 60 municipios mejor evaluados del país, y también ocupó el cuarto puesto entre las 31 ciudades capitales.
Este avance es notable si consideramos que en 2023, el municipio estaba en el puesto 29 a nivel general y en el 18 entre las capitales.
El ITDIF-M evalúa aspectos clave de la gestión financiera de los ayuntamientos, como el manejo de los recursos públicos, la administración presupuestaria y las medidas de transparencia adoptadas.
Estos factores son fundamentales para garantizar un gobierno eficiente y confiable, y en este rubro, el gobierno de Osuna ha demostrado un progreso.
El mérito de este ascenso radica en la transparencia fiscal.
La administración de Centro también ha sido reconocida este año por mantener finanzas sanas, operar en números negros, reducir el peso de la deuda municipal y ejecutar obras de infraestructura sin precedentes, como el Acueducto Usumacinta, que garantiza el suministro de agua potable a cientos de miles de habitantes.
Este conjunto de logros ha valido a Yolanda Osuna un lugar en la portada de la edición 120 de ARegional, junto a otras dos alcaldesas destacadas: Patricia Lobeira Rodríguez, de Veracruz, Veracruz, y Geraldine Ponce, de Tepic, Nayarit.
Si bien aún hay retos por superar, lo logrado por Centro es un ejemplo de cómo la política puede transformarse cuando se priorizan los intereses ciudadanos y se manejan los recursos públicos con responsabilidad.
La administración morenista parece haber entendido que gobernar es gestionar, pero igual rendir cuentas de manera clara.
Osuna está haciendo más que administrar un municipio; está construyendo un modelo de gobierno que podría redefinir la política local.
Su compromiso con la modernización, la eficiencia y la transparencia marca un nuevo estándar, dejando claro que los resultados concretos son la mejor prueba de que cuando se quiere, se puede.
Más aún: cuando hay un gobernante capaz, pueden alcanzarse las promesas de campaña, dejando atrás los pretextos de siempre.
:LA RÚBRICA
El motín en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CRESET) deja sobre la mesa una pregunta ineludible: ¿debe el director del penal, Enrique Díaz Álvarez, presentar su renuncia o ser removido de su cargo? La gravedad de lo ocurrido, que incluyó la presencia de armas de fuego, una granada, equipo de comunicación y drogas en un penal que debería ser un espacio de control total, evidencia serias fallas en la gestión interna. La revelación de que los reos que iban a ser trasladados tenían acceso a un arsenal plantea dudas fundamentales. ¿Cómo ingresaron estas armas al penal? ¿Por qué no fueron detectadas antes del operativo? Estas preguntas no solo apuntan a una posible complicidad interna, sino también a deficiencias en los protocolos de seguridad y en la supervisión del penal. El motín, que derivó en la muerte de seis internos, además de actos de vandalismo y quema de vehículos en varios puntos de Villahermosa, refleja el impacto que el descontrol interno del CRESET tiene fuera de sus muros. La situación escaló más allá de un problema penitenciario, convirtiéndose en una crisis de seguridad pública. Si bien las fuerzas estatales y federales lograron restablecer el orden, el costo fue alto, tanto en términos materiales como en la percepción de estabilidad en el estado. Es evidente que las fallas no son circunstanciales, sino estructurales. En este contexto, el director del CRESET, como máxima autoridad del penal, debe asumir su responsabilidad. La renuncia de Díaz Álvarez, o su remoción por parte de las autoridades estatales, no resolvería todos los problemas del sistema penitenciario, pero enviaría un mensaje claro de que las negligencias no serán toleradas. Más allá de nombres, lo que se necesita con urgencia es una revisión profunda de los procesos de seguridad y transparencia, así como medidas que garanticen un penal sin violencia y corrupción.