Villahermosa, Tabasco.- Un grupo de empleados municipales en Tabasco ha denunciado un esquema de presunta ilegalidad vinculado a Manuel Gómez, Alejandra Priego y un equipo identificado como Cristina, Melba, Luis y Elías, quienes —a pesar de haber dejado el OSFE en 2024— se habrían hecho pasar como personal activo del organismo para vender servicios tecnológicos a ayuntamientos, aprovechando su experiencia previa en auditorías.
Los denunciantes describen un patrón de tres etapas: primero, realizaron auditorías intimidatorias entre noviembre y diciembre de 2024 en temas de Ley de Archivos y Control Interno, generando temor en municipios.
Posteriormente, citaron a funcionarios a oficinas del OSFE para ofrecer capacitaciones calificadas como deficientes y «una farsa». Finalmente, en enero de 2025, regresaron para comercializar programas informáticos y asesorías, prometiendo eliminar observaciones a cambio de contratos que nunca cumplieron.
Los acusados utilizaron información interna y contactos del OSFE para beneficiar intereses privados, según documentos y fotografías en poder de los denunciantes.
Se critica la falta de regulación que permite a exfuncionarios ofrecer servicios vinculados a sus antiguas funciones, lo que facilitaría el tráfico de influencias.
Los municipios afectados aseguran que las observaciones no fueron eliminadas, evidenciando un engaño sistemático.
Los denunciantes, bajo anonimato por temor a represalias, piden al Congreso de Tabasco y a la Fiscalía Anticorrupción investigar delitos como abuso de funciones y enriquecimiento ilícito.
Exigen la intervención del titular del OSFE, Juan José Peralta Fócil, para transparentar los casos, en línea con su postura pública contra la corrupción. También solicitan a medios y organizaciones civiles, como Mexicanos contra la Corrupción, visibilizar el caso para evitar su opacamiento.
Ningún implicado se ha pronunciado. El OSFE no ha emitido comunicados oficiales, aunque los denunciantes insisten en que se priorice la investigación contra los responsables intelectuales del esquema, no solo contra empleados de bajo rango.
La denuncia pública busca impulsar reformas para evitar que exfuncionarios usen su historial institucional en actividades fraudulentas. Además, se insta a verificar contratos en ayuntamientos y revisar la legalidad de los servicios vendidos, con miras a restaurar la credibilidad del OSFE.
Los denunciantes aseguran que al menos 10 municipios fueron afectados, aunque no precisan montos. El escándalo revive el debate sobre la ética en órganos fiscalizadores y la necesidad de auditorías cruzadas.