CARTA ABIERTA
Las recientes denuncias contra exfuncionarios del Organismo de Supervisión Fiscal del Estado (OSFE) en Tabasco exigen una reflexión mesurada, pero urgente, sobre los riesgos de permitir que el pasado institucional se convierta en moneda de cambio para intereses privados.
Según las acusaciones anónimas, un grupo que estuvo vinculado al OSFE —integrado por Manuel “G”, Alejandra “P” y otros colaboradores como Cristina, Melba, Luis y Elías— habría utilizado su experiencia previa en auditorías para orquestar un esquema de tres actos: auditorías intimidatorias, capacitaciones deficientes y la venta de servicios tecnológicos sin cumplir lo prometido.
Los municipios afectados, al menos diez, describen un engaño sistemático que aprovechó información interna y contactos dentro del organismo.
El patrón sugiere abuso de funciones que evidencia un vacío legal peligroso: la falta de regulación para evitar que exfuncionarios capitalicen su historial público en beneficio propio.
El silencio del OSFE hasta ahora es preocupante.
Los denunciantes —protegidos por el anonimato por temor a represalias— llevarán pronto el caso al Congreso de Tabasco y a la Fiscalía Anticorrupción. Por eso es que corresponde al titular del OSFE, Juan José Peralta Fócil, asumir un liderazgo proactivo.
Su postura pública contra la corrupción, ratificada en su discurso informal al tomar posesión del cargo en enero de este año, está bajo escrutinio.
Una investigación interna rigurosa, imparcial y transparente es un deber ético, una oportunidad para reafirmar el compromiso del OSFE con sus obligaciones.
Este caso revive debates incómodos, como la facilidad con la que algunos funcionarios transitan entre lo público y lo privado sin restricciones claras, un fenómeno que alimenta el tráfico de influencias.
Es crucial evitar juicios sumarios. Los implicados merecen un proceso legal justo, y el OSFE debe aclarar si hubo fallas en sus protocolos de confidencialidad o supervisión.
Pero la demora en actuar podría interpretarse como complicidad o negligencia.
Peralta Fócil tiene ante sí la tarea de priorizar la investigación, no solo sobre los exempleados, sino hacia posibles responsables intelectuales de alto rango. Solo así el organismo podría resarcir su imagen y enviar un mensaje contundente: que la impunidad no tiene cabida en las instituciones diseñadas para combatirla.
Casos como este refuerzan la urgencia de que los órganos de control sean ejemplares, porque la credibilidad del OSFE no es un activo institucional, sino un bien público.
Como bien señalan los denunciantes, el camino para sanear al organismo incluye verificar contratos municipales, revisar la legalidad de los servicios vendidos y promover auditorías independientes. Pero también requiere algo más intangible: la convicción de que la ética no es un discurso, sino una práctica constante.
El OSFE, y Peralta Fócil en particular, están ante una disyuntiva: ser recordados como cómplices de la opacidad o como artífices de un precedente en la lucha anticorrupción.
La elección debe ser clara.
:LA RÚBRICA
El 11 de febrero llegó sin el anuncio estratégico en seguridad que muchos esperaban por parte de Claudia Sheinbaum, tal como lo prometió el 6 de este mes, tras la escalada de violencia del 4 de febrero con 11 homicidios dolosos. La urgencia fue expresada por la mandataria, quien ofreció “toda la ayuda necesaria” al gobernador Javier May. Eso sí, ayer martes se informó de una nueva reunión entre el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y May en la Ciudad de México, sin detalles concretos. Por ahora destacan avances como el refuerzo de 300 elementos militares y el envío de investigadores federales, pero la eficacia del plan integral vigente genera dudas sobre la coordinación ante la crisis. En la cumbre Harfuch-May llama la atención que el diálogo se centre en la capital del país y no en Tabasco, lo que podría interpretarse como una desconexión simbólica con la zona afectada. Más allá de los símbolos políticos, es imperativo que el gobierno federal concrete pronto una hoja de ruta con plazos, metas y mecanismos más eficaces para resolver la creciente violencia. Si bien hay expectación por la reunión de hoy, lo relevante es que Tabasco requiere soluciones inmediatas…La decisión del gobernador de mantener a Enrique Díaz Álvarez al frente del CRESET, pese a dos motines mortales en cuatro meses, refleja un equilibrio polémico entre continuidad institucional y responsabilidad. Aunque el argumento de fortalecer —no remover— al director podría apuntar a evitar volatilidad, genera dudas sobre la eficacia de priorizar las responsabilidades tras las crisis reiteradas. El rechazo a cambios inmediatos sugiere que el gobernador atribuye los incidentes a problemas estructurales —como la infiltración de armas— más que a la gestión individual. Sin embargo, la persistencia de violencia en tan poco tiempo exige transparencia sobre las acciones concretas de “fortalecimiento” prometidas. La apuesta de May podría legitimarse si las carpetas abiertas derivan en cambios profundos en el sistema carcelario.