CARTA ABIERTA
El informe del director del ISSET ante la Comisión de la Verdad en el Congreso expuso cifras alarmantes sobre el déficit del fideicomiso para jubilados y pensionados, y también planteó un reto moral y financiero que debe ser abordado con urgencia.
Rodolfo Lehmann presentó una radiografía real pero incómoda de la situación del instituto, exponiendo los errores del pasado, las acciones correctivas necesarias y los retos futuros que deberían resolverse.
Uno de los aspectos más destacados fue el llamado a revisar el sistema de jubilaciones y pensiones, lo cual indica que podríamos estar frente a cambios profundos en la ley vigente.
Este punto es crucial, ya que el problema no solo radica en los recursos faltantes, sino en cómo se han diseñado las reglas que rigen este sistema.
El propio Lehmann subrayó la necesidad de garantizar su sostenibilidad a largo plazo, un tema que debería involucrar a los burócratas.
No pasó desapercibida la mención indirecta al exgobernador Arturo Núñez Jiménez, quien durante su administración casi desapareció el fideicomiso al permitir retiros injustificados de los millonarios recursos.
Estos movimientos redujeron drásticamente el fondo, comprometiendo la estabilidad financiera del instituto.
Sin embargo, también se reconoció el esfuerzo realizado durante el trienio del morenista Carlos Manuel Merino, al inyectar recursos por más de 98 millones de pesos para evitar el colapso.
Otro de los temas centrales fue el crecimiento exponencial del número de jubilados, lo que ha vuelto más difícil su viabilidad.
En el año 2000, el ISSET contaba con poco más de mil beneficiarios y destinaba 47 millones de pesos anuales para cubrir sus pensiones. Para 2024, esa cifra aumentó a más de 16 mil jubilados, con un costo anual que supera los 3 mil millones de pesos.
Este incremento del 300% en beneficiarios evidencia la falta de previsión en la planificación financiera del instituto.
El director también señaló la modificación de la ley en 2011, que permitió a trabajadores de confianza jubilarse con el 100% de su salario, una medida que benefició a apenas 50 funcionarios pero generó distorsiones graves en el sistema. Aunque esta reforma fue revertida al año siguiente, las jubilaciones ya otorgadas permanecieron vigentes, incluyendo montos de hasta 124 mil pesos mensuales. Este ejemplo ilustra cómo decisiones políticas pueden tener consecuencias devastadoras a largo plazo.
Como cabría esperar, ahora muchos exigen conocer quiénes integran ese grupo selecto de exfuncionarios que se están sirviendo con la cuchara grande, a expensas del resto de los pensionados que reciben pagos de miseria.
Lo más relevante, a pesar de estas barbaridades, es resolver el problema estructural. El gobernador Javier May tiene la necesidad de actuar con una visión de Estado a largo plazo.
También queda claro que, incluso si los recursos originales del fideicomiso se hubieran mantenido intactos, estos no alcanzarían para cubrir la nómina anual de jubilados.
Esto indica que el problema va más allá de los retiros indebidos y tiene que ver con la insuficiencia de las aportaciones y rendimientos acumulados.
El acto en la sede del Poder Legislativo, presidido por el morenista Jorge Bracamonte, buscó ser espectacular, pero lo importante fue el contenido técnico y moral del informe presentado.
Más allá de los inevitables tintes políticos que tienen temas como este, destaca necesidad de fortalecer el fideicomiso mediante nuevas aportaciones y mejores rendimientos, así como límites que eviten futuros desfalcos.
La seguridad social de 16 mil trabajadores al servicio del estado es muy delicado. Y si no se resuelve de forma inteligente podrían generarse protestas masivas de los afectados a quienes, por cierto, no les interesan los posibles linchamientos políticos sino la seguridad de su patrimonio laboral.
Por ahora, los miembros de la Comisión de la Verdad conocieron de frente las debilidades financieras del ISSET, y ayudarán a tomar acciones responsables.
Resolver esta crisis requerirá voluntad política, transparencia y un enfoque técnico.
Este proceso debe desarrollarse con la seriedad que merece, evitando caer en simulaciones.
Todo indica que el gobernador Javier May tiene el voto de confianza para tomar, ahora sí, al toro por los cuernos.