Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
Las amenazas de Trump están calculadas. Lo hizo cuando amenazó con imponer aranceles a México por el flujo migratorio y terminó forzando un despliegue de la Guardia Nacional. Lo repitió en Medio Oriente, cuando atacó Irán, y lo confirma ahora con una nueva advertencia: “Los cárteles tienen un tremendo control sobre México y sus políticos. Tenemos que hacer algo al respecto”.
La arenga no pasó desapercibida para que los medios electrónicos nacionales –incluidos los más cercanos a la 4T como La Jornada, Proceso, SDP Noticias o Milenio– abrieran con ella. Las “ocho columnas” no suelen regalarse a un adversario ideológico como Trump. Esta vez sí. Y eso dice mucho de fondo.
Trump no vacilará en cruzar las líneas tradicionales del respeto diplomático. No es difícil imaginar escenarios: operaciones con drones, incursiones selectivas, listas negras, órdenes de captura, intervención judicial o acciones encubiertas. Y no sólo contra capos: también contra políticos con nexos criminales.
En principio, esto podría parecer una amenaza para Claudia Sheinbaum. En el fondo, no necesariamente lo es. La presidenta tiene ahora en sus manos un argumento irrefutable –proveniente del mismísimo Trump– para endurecer la política de seguridad nacional. Si opta por un viraje firme desde la Secretaría de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch, podrá construir su propia narrativa de control y legitimidad, sin tener que dar explicaciones a las corrientes internas que aún cargan con compromisos del sexenio anterior.
Pero la decisión no es sencilla. Un golpe de timón podría tensar las lealtades. Podría precipitar rupturas con ciertos grupos regionales que resultaron clave en su victoria. Y todo esto cuando, en 2027, deberá enfrentarse a una revocación de mandato.
La gran pregunta no es qué hará Trump. Esa parte está clara. Lo que aún permanece en la sombra es qué puerta elegirá abrir la presidenta Sheinbaum: ¿la del deslinde con costos internos? ¿O la de la lealtad a Palenque frente a una amenaza externa que ya no es sólo retórica?
: LA RÚBRICA
La gobernadora Layda Sansores ha cruzado una línea peligrosa: utilizar al Poder Judicial de Campeche como su aparato de control contra la prensa crítica. El caso del periodista Jorge Luis González Valdez y el medio “Tribuna” exhibe un modelo de censura institucionalizada, donde se exige un “supervisor oficial” que autorice contenidos, entrevistas y publicaciones. Esta medida atropella los derechos del periodista, buscando intimidar al gremio entero. La humillación pública a González, sumada a la prohibición de mencionar a la mandataria, burla de forma directa el compromiso de Claudia Sheinbaum con la libertad de expresión. Layda no defiende su dignidad: impone el silencio. Convierte a Campeche en un laboratorio del miedo para el periodismo.
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