Dos gobernadores apegados a la ley. La defensa de Adán y Merino en voz de Castillejos
Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA Inmediata
Hay entrevistas que terminan por ordenar el rompecabezas político. La entrevista de Javier Risco a Juan Carlos Castillejos, ayer en Radio Fórmula nacional, fue una de esas: un testimonio sereno, metódico y oportuno que reconstruye, desde dentro, la toma de decisiones de Adán Augusto y Carlos Manuel Merino frente a la crisis de seguridad en Tabasco durante su sexenio de 2019 a 2024.
El portavoz del Gobierno de Merino no defendió lo indefendible. No negó los hechos violentos ni el peso político de tener un secretario de Seguridad —Hernán Bermúdez Requena— bajo sospechas de vínculos con el crimen organizado. Pero sí ofreció una línea narrativa sensata: el entonces gobernador Merino actuó en cuanto tuvo indicios claros de una situación insostenible, pidiendo la renuncia del jefe policíaco y apoyándose en el Ejército para relevarlo por un perfil con formación castrense: el general Víctor Hugo Chávez.
Lo importante es lo que Castillejos dijo y cómo lo dijo: sin estridencias, sin ánimo de encubrir a Bermúdez, pero sí con la convicción de que no había pruebas legales ni conocimiento oficial, por parte de ambos gobernadores morenistas, de las imputaciones que circulaban en los “Guacamaya Leaks”.
Castillejos recordó algo crucial: estas filtraciones, aunque escandalosas, carecían de valor legal hasta que no fueron parte de un expediente judicial. Y más aún, reiteró que las fiscalías son las responsables de investigar y proceder penalmente.
En esa lógica, ni Adán ni Merino tenían porqué saber lo que la Fiscalía General de la República, en su carácter independiente, notificó meses después de iniciar sus investigaciones sobre Bermúdez.
En el caso de Merino, actual director de ASA, su responsabilidad era reaccionar ante los hechos tangibles: la ola de violencia que estalló en diciembre de 2023. Y lo hizo. No se atrincheró. No protegió a Bermúdez. Lo removió, le pidió su dimisión.
También es cierto, y Castillejos lo subrayó en Radio Fórmula nacional, que durante los tres años de Adán Augusto y buena parte del interinato de Merino, los índices delictivos se mantuvieron a la baja. El caos vino al final, no al principio. Y fue ese cierre abrupto el que motivó la salida del secretario de Seguridad.
La entrevista también deja en claro que ni Merino ni quienes lo rodeaban estuvieron cruzados de brazos. La detención de personajes como “el Tomasín” se gestó durante su administración, lo que sugiere que hubo seguimiento institucional, más allá del escándalo.
Es más, fue durante la gestión del director de Seguridad del último año de Merino, el general Víctor Hugo Chávez, cuando se abrió la carpeta de investigación contra Bermúdez. Esto dice todo acerca del compromiso y la responsabilidad de quien relevó a Adán Augusto en el Ejecutivo de Tabasco.
Y Castillejos también dijo otra verdad que no cualquiera diría en estos momentos: hasta ahora, nada se ha probado judicialmente contra Bermúdez, e incluso este podría echar abajo cualquier imputación, alegando que sus derechos de presunta inocencia han sido irrespetados desde el principio del escándalo político-mediático.
Así las cosas, para el exportavoz del Gobierno de Merino “ni el entonces mandatario constitucional ni el interino, tuvieron en su escritorio una carpeta judicial, un expediente penal o una orden de aprehensión sobre Bermúdez”.
No actuaron con negligencia, sino con las herramientas disponibles. Y cuando la realidad superó los rumores, Merino actuó con la rapidez que muchos otros políticos suelen esquivar: entregó el control de la seguridad al Ejército y enfrentó el vendaval sin esconderse.
El testimonio de Castillejos incomoda a los enemigos de la presidenta, porque al igual que lo ha hecho Claudia Sheinbaum, se sustenta en pruebas y no en el espectáculo que desde el Edén se ha impulsado para salvaguardar ciertos intereses políticos que dañan a la propia inquilina de Palacio Nacional.
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