Jorge Núñez 
CARTA ABIERTA
Los exgobernadores de Tabasco, Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino, hablaron con claridad en una entrevista por separado con Ciro Gómez Leyva, marcando una línea divisoria entre lo que sabían y lo que ahora se imputa a su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena.
Adán recordó que Bermúdez fue invitado a su gabinete por una trayectoria policial que muchos en Tabasco conocían y respetaban. No hubo –afirma– señales que encendieran alarmas. De haberlas, asegura, habría actuado sin vacilar.
Y lo mismo sostuvo Merino, quien relevó a Adán en el Ejecutivo: el mando policíaco siguió en el cargo como parte de una política de continuidad ante los bajos índices delictivos logrados tras el desastroso gobierno perredista de Arturo Núñez Jiménez, cuando el edén punteaba en criminalidad.
Sin embargo, tras los hechos delictivos de diciembre de 2023, Bermúdez fue cesado del cargo y relevado por un mando propuesto por el Ejército.
Ambos coinciden, además, en otro punto: están a disposición de cualquier autoridad que los convoque. No hay cortinas de humo, no hay evasivas, no hay discursos con doble fondo. Su postura es frontal, y en estos tiempos, eso vale.
Mucho de lo expresado por ambos exmandatarios ya había sido adelantado días atrás por Juan Carlos Castillejos, exvocero del gobierno tabasqueño y hoy funcionario federal en ASA.
Es decir, no hay un intento desesperado por defender lo indefendible. Se trata, más bien, de cerrar el paso a una narrativa divisionista de ciertas facciones morenistas que buscan convertir una presunta responsabilidad individual en una mancha colectiva.
Porque también hay que decirlo: lo que hoy se sabe públicamente de Bermúdez no se sabía antes. Ni lo sabía Adán cuando lo nombró, ni lo sabía Merino cuando lo mantuvo en el puesto por algunos meses. Y si lo sabía alguien más, como puede ser el caso del Ejército, lo guardó sin saberse bien a bien el motivo de ello.
El espectáculo político-judicial armado por una tribu de Morena, y cuyo desarrollo fue condenado por el presidente del Consejo Nacional del partido, Alfonso Durazo, porque daña a Sheinbaum, quiere vestir de complicidad lo que quizá fue confianza en un funcionario que, en apariencia, daba resultados.
Más. La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, lo dejó claro: no hay protección para nadie, pero tampoco linchamientos preventivos. Y si no hay indicios serios de complicidad, no hay por qué castigar a quienes gobernaron con honestidad.
Este martes, el Gabinete de Seguridad detallará los pormenores del caso. Será el momento para que hablen los datos y no las sospechas.
Mientras tanto, conviene no perder la brújula: una cosa es la responsabilidad penal de un individuo, y otra muy distinta es pretender implicar a quienes, en su momento, confiaron en él con base en la información disponible. Ni Adán ni Merino han mostrado culpa. Ni
tienen por qué.
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