La Agenda en Red
Estoy completamente convencido de que la reforma electoral que se está impulsando no busca fortalecer la democracia ni mejorar la transparencia del sistema electoral en México. Por el contrario, es un claro intento del gobierno de controlar y manipular los procesos electorales para mantener su poder a toda costa. La llegada de figuras como Pablo Gómez, con un historial ligado a movimientos de izquierda y a intereses políticos específicos, no es casualidad; es parte de una estrategia para colocar a personas afines en puestos clave y asegurarse de que las decisiones que se tomen favorezcan su continuidad en el poder.
Esta reforma no es un simple cambio institucional, sino un mecanismo para disminuir la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) así como sucedió como en otros órganos judiciales y administrativos que garantizaban la transparencia y legalidad del gobierno.
Al reducir la participación ciudadana en la elección de consejeros y magistrados, y limitar el financiamiento a los partidos políticos, lo que realmente buscan es disminuir la capacidad de oposición y controlar los resultados electorales en favor del partido en el poder.
Además, la intención de concentrar el control en Palacio Nacional y en los actores políticos alineados con el gobierno es evidente en cada uno de los cambios propuestos. La reforma intenta desmantelar las instituciones independientes, debilitando los contrapesos que son fundamentales para una democracia saludable. La narrativa de modernización y transparencia oculta una realidad mucho más siniestra: la pérdida de independencia de los órganos electorales y la consolidación de un sistema que favorezca la continuidad del régimen actual, sin importar las elecciones libres y justas.
No podemos olvidar que, en el pasado, los intentos de manipulación del sistema electoral han llevado a crisis profundas y a la pérdida de confianza en las instituciones democráticas. Por eso, es urgente estar vigilantes y denunciar que esta reforma no busca fortalecer la democracia, sino consolidar un control absoluto que pone en riesgo la pluralidad, la participación y los derechos de la ciudadanía. Es fundamental defender nuestras instituciones y exigir que cualquier cambio en el sistema electoral se realice con transparencia, con amplia participación social y sin intereses de control que perjudiquen la democracia en México.
