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El poder, cuando se ejerce sin límites ni escrúpulos, deja de ser servicio público y se convierte en imposición. El reciente despido del maestro Jorge Flores González como director del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco es un ejemplo doloroso de cómo la lealtad institucional puede ser castigada cuando no se pliega a intereses personales.
Flores González fue removido por negarse a despedir a dos colaboradores de su confianza, según instrucciones de la Secretaría de Educación de Tabasco. No hubo razones académicas, administrativas ni éticas para cesarlos. Solo una orden. Y como no se cumplió, vino la represalia.
Este tipo de decisiones no solo vulneran la autonomía de las instituciones educativas, sino que desvirtúan el sentido del servicio público. ¿Qué mensaje se envía a los docentes, estudiantes y ciudadanos cuando un director es despedido por proteger a su equipo y defender principios?
La educación debería ser un espacio de construcción colectiva, no de obediencia ciega. El Tecnológico de Comalcalco había recuperado matrícula y confianza gracias al trabajo de ese equipo. Pero eso no bastó. Lo que se exigía era sumisión.
Más preocupante aún es que la remoción se haya ejecutado con llamadas de presión de parte del gobernador Javier May según un colaborador de él, así como visitas sorpresivas y amenazantes, como si se tratara de un operativo político. ¿Dónde queda el respeto por la legalidad, por el debido proceso, por la dignidad de las personas?
*Va Directo.–*
La Cuarta Transformación se ha proclamado como un proyecto de justicia y honestidad. Pero cuando sus funcionarios actúan al margen de la ley, exigiendo despidos sin causa y castigando la integridad, ese discurso se desvanece. En Tabasco, el poder parece exigir obediencia antes que resultados. Y eso, en cualquier democracia, es una señal de alarma.
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