La Agenda en Red
En Campeche, tres periodistas han sido obligados a ofrecer disculpas públicas a la gobernadora Layda Sansores San Román, por emitir expresiones consideradas “ofensivas, estereotipadas” y constitutivas de violencia política de género. La orden provino del Tribunal Electoral del Estado y fue ratificada por la Sala Federal de Xalapa. A esto se suma otro proceso judicial que impide al periodista Jorge González Valdez y al medio Tribuna Campeche referirse a la mandataria.
Este episodio no es menor. Es un golpe directo a la libertad de expresión, disfrazado de justicia electoral. Cuando el poder político utiliza el aparato judicial para silenciar voces críticas, estamos frente a una forma moderna de censura. Y lo más alarmante: se hace en nombre de una causa legítima —la protección contra la violencia de género— que aquí se ha convertido en instrumento de control.
La violencia política de género es real y debe combatirse. Pero confundir la crítica política con violencia es un error grave. ¿Desde cuándo cuestionar a una figura pública se considera violencia? ¿Desde cuándo los tribunales deciden qué se puede decir y qué no en un columna de análisis?
La democracia no se construye con silencio. Se construye con debate, con confrontación de ideas, con voces que incomodan.
Los periodistas no están para agradar al poder, están para fiscalizarlo. Y si el precio de hacerlo es una disculpa obligada, entonces no estamos en una democracia, sino en una simulación.
Hoy es Campeche. Mañana puede ser cualquier estado. Hoy son tres periodistas. Mañana puede ser cualquier ciudadano. Defender la libertad de expresión no es defender insultos, es defender el derecho a disentir. Y ese derecho cada día está más en riesgo.
Acerca del autor
