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Lo que pasó este 19 de agosto en Izamal, Yucatán, no fue solo un vagón fuera de las vías. Fue una señal clara de que el Tren Maya, ese proyecto que prometía desarrollo para el sureste, está lleno de errores, prisas y decisiones que se tomaron sin pensar en la seguridad de la gente.
Durante casi dos años, Javier May Rodríguez fue el jefe de FONATUR, la oficina responsable y encargada de construir el tren.
En ese tiempo, se avanzó rápido, sí, pero también se taparon muchas cosas. Se firmaron contratos sin explicar bien a quién se le daban, se ignoraron advertencias técnicas, y se puso por delante la política antes que la seguridad.
Y ahí aparece otro nombre que no podemos dejar fuera: Amílcar Olán, empresario tabasqueño y amigo cercano de “Andy”, el hijo del expresidente. Aunque no tiene experiencia en trenes ni en obras grandes, se le vincula con contratos millonarios en tramos clave del proyecto. ¿Por qué? ¿Cómo? Nadie lo explica. Pero todos lo saben.
Hay videos que exhibe su desfachatez y muestra la cara del amiguísimo corrupto. Sin un ápice de vergüenza.
Esto no es un chisme. Es un patrón. Es la forma en que se han manejado la obra pública con dinero de todos, pero beneficios para unos cuantos.
El tren en este caso, debía unir regiones, traer empleo, respetar la selva y a las comunidades. Hoy, lo que une son dudas, un alto costo, daño al ecosistema que generan riesgos, y lo que deja son escándalos.
La gente merece saber quién construyó mal, quién cobró sin cumplir, y quién permitió que eso pasara. No importa si son políticos, empresarios o amigos del poder. Todos deben responder. Porque si el tren se descarrila, también se descarrila la confianza, la justicia y el respeto por el pueblo.
La ciudadanía merece saber cada nombre, sea político, empresario o amigo del poder y sean medidos con la misma vara: la de la ley, la de la ética, la del interés público.
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